Desde su aprobación el pasado 13 de diciembre, la Ley del Infonavit ha generado una discusión pública en torno a los cambios que plantea y si estos ponen en riesgo o no los ahorros de los trabajadores. La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca construir un millón de viviendas con ayuda de este organismo y ofrecer esquemas de arrendamiento a los trabajadores.
Sin embargo, también plantea un mayor control del Gobierno Federal en las comisiones internas del Infonavit, desde la designación directa del director general hasta la desaparición de las direcciones sectoriales de los trabajadores y el sector patronal, lo que ha motivado las críticas, pues se argumenta que con ello se rompe el equilibrio del “modelo tripartita” de decisión.
La reforma, aprobada con 68 votos a favor y 29 en contra en el pleno del Senado, recibió el rechazo de los legisladores de la oposición y de organizaciones sindicales que advierten que la medida representa un riesgo para los trabajadores y su ahorro.
Aseguran que con estas modificaciones se abre la puerta para que se utilicen los rendimientos de los ahorros de los trabajadores, disponiendo de más de 2 billones de pesos de las subcuentas del fondo, recursos a los cuales tendría acceso el Gobierno y con la facultad para decidir de qué manera se ejecutarán.
Si bien el dictamen ya avanzó en la Cámara Alta, en el caso de la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que se abrirá un “espacio de mayor reflexión” para analizar la iniciativa, lo que significa que la reforma será discutida hasta el próximo periodo ordinario sesiones, ya en el año 2025.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ya podrá actuar como una empresa constructora de vivienda social a través de una empresa filial, “que por su naturaleza jurídica no será considerada entidad paraestatal”.
De esta manera, se busca consolidar mecanismos para invertir, financiar y ejecutar programas de construcción de viviendas para ser adquiridas en propiedad o en arrendamiento.
En este sentido, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, aseguró que la creación de una empresa constructora ayudará a reducir costos de materiales y servicios.
Los cambios también incluyen eliminar la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en cuanto a la aprobación de los sistemas de organización de contabilidad y la vigilancia de las operaciones del instituto.
Con las modificaciones, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que emita las reglas en materia de crédito y tome el control de las inversiones.
La iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit garantiza que los ahorros para vivienda de todas y todos estén totalmente seguros. Además, mantiene la toma de decisiones tripartita en el Consejo de Administración y fortalece la gobernabilidad del Instituto.
— Infonavit (@Infonavit) December 16, 2024
El próximo miércoles… pic.twitter.com/2cAQ50bCVx
Otro de los cambios que propone la iniciativa y que ha causado revuelo es que la persona titular de la Dirección General del Infonavit sea nombrada directamente por el titular del Ejecutivo. Actualmente, este cargo es aprobado por la Asamblea General.
Además, al director o directora general se le atribuyen nuevas facultades, como vetar las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia cuando no haya unanimidad.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma son las reducciones a los órganos internos del Infonavit. Por ejemplo, en la Asamblea General se propone reducir de 45 a 30 sus integrantes, de los cuales 10 serían representantes del sector gubernamental, 10 del sector laboral y 10 del sector empresarial.
De igual modo, el Consejo de Administración recortaría de 15 a 12 sus miembros, quitando uno tanto al sector gobierno, empresarios y trabajadores.
Para el Comité de vigilancia, el gobierno propone aumentar de tres a cinco miembros de la administración federal y, en cambio, reducir de tres a dos los miembros del sector de trabajadores y patronal.
Finalmente, en el Comité de Auditoría se propone aumentar de uno a tres los miembros de gobierno, de manera que sean mayoría, pues solo quedaría uno del sector empresarial y otro del laboral. Lo mismo ocurriría en el Comité de Transparencia.
Con información de Fernando Navarrete y Jeanette Leyva.
