El grupo inversor CIMA compró los casi u$s 450 millones de deuda que Vicentin tiene con bancos internacionales y, de esa forma, se convirtió en el mayor acreedor de su concurso preventivo.
En la cerealera, que hace meses intenta superar el último tramo de su convocatoria, esto está lejos de ser una buena noticia: renace el fantasma del cramdown, debido a que en el mercado sospechan de una conexión entre el nuevo dueño del pasivo y la familia Grassi, acreedor al que Vicentin denunció penalmente la semana pasada por estafa procesal y extorsión.
CIMA le pertenece al ex ejecutivo de Wall Street Esteban Nofal, uno de los cuatro hijos de Luis, cofundador de Torneos y Competencias. Hace tres años, el grupo había ganado notoriedad cuando le compró a TGLT el 50% que había heredado en su fusión con la constructora Caputo de SES, empresa especializada en obra pública y servicios de limpieza y mantenimiento, de mucha actividad para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La sospecha de la conexión entre CIMA y Grassi que hay en el mercado se basa en un documento que circuló en el sector. Se trata de una presunta presentación de CIMA, en la que les propone a quienes inviertan en su proyecto una recuperación del 100% de la deuda ejecutando el cramdown (es decir, quedándose con el activo), contra los u$s 0,15 a u$s 0,20 que, dijo, les ofreció pagar Vicentin a sus acreedores. En esos mismos slides, se hacen referencias a Commodities SA (Grassi) y el estudio jurídico Salvatierra, Matos y Casanova como parte un plan de takeover de la cerealera. También, se menciona que la negociación con los bancos llevó 24 meses.
La oferta que Vicentin le hizo al resto de sus acreedores obtuvo hace un año y medio las mayorías exigidas por la ley: de las más de 1300 personas y empresas con pasivo verificado en el concurso, el 70% se manifestó a favor de aceptar la propuesta de pago, de cuyo éxito depende el levantamiento del concurso y, en un paso siguiente, el ingreso de inversores estratégicos -Bunge, Viterra y la local ACA-, que inyectarán u$s 300 millones en capital de trabajo. Dentro de quienes aceptaron la propuesta en ese momento, estaban los bancos internacionales.
Ahora, con este ingreso de CIMA como nuevo dueño de esos u$s 450 millones de deuda -por las que habría pagado no más del 10%, se especula en el mercado-, si la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin, se habilita la instancia de cramdown, popularmente conocido como salvataje. Por lo que, según publicó el medio rosarino Rosario3, CIMA espera mejores condiciones de pago, producto de la competencia entre los interesados en entrar al negocio.
"CIMA ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía", indicó el grupo inversor al medio rosarino.
En tanto, según fuentes cercanas al proceso, se busca meter presión a la Justicia santafecina. Independientemente del fallo, al comprar el crédito, lo que formalmente ocurre es que, si se aprueba la propuesta de Vicentin, "pese a su rechazo, se recuperará cerca del 25% o el 30%".
"Si se termina en la instancia de salvataje, CIMA irá con algún tipo de oferta que ya tienen en mente", agregaron.
A cinco años de iniciado el proceso, la cerealera quiere cerrar su convocatoria de acreedores para luego, ser absorbida por las agroexportadoras internacionales Bunge y Viterra y la local ACA. Sin embargo, esta compra de deuda por parte del CIMA embarra la cancha.
Ante este panorama, Vicentin fue contundente al recalacar la necesidad de ponerle fin "a las dilaciones para alcanzar la homologación" que la puso contra las cuerdas financieramente y pidió una pronta resolución.
Además, insistió en que, ante un eventual cramdown, la empresa no estrá en condiciones de afrontarlo si se retiran los socios estratégicos.
"La sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano", afirmó en su comunicado.
"Dadas las dificultades financieras tan acuciantes en este momento, la Sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de cramdown. En ese sentido, reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities para que, finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal", concluyó la cerealera que, por estas dilaciones en el cierre de su convocatoria, solicitó a fines de noviembre la apertura de su procedimiento preventivo de crisis.
