La inteligencia artificial (IA) está revolucionando múltiples sectores en Argentina, especialmente en el ámbito de la seguridad. El gobierno ha implementado sistemas avanzados que utilizan IA para prever y prevenir delitos, a través de la identificación de patrones en redes y datos históricos. Estas herramientas permiten detectar amenazas antes de que se materialicen, lo que marca un avance significativo en la prevención de crímenes en el país.
Sin embargo, mientras celebramos estos avances tecnológicos, también debemos considerar las preocupaciones que surgen, particularmente en relación con la privacidad de los ciudadanos. La capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de datos plantea preguntas críticas sobre hasta qué punto estos sistemas pueden ser considerados intrusivos en la vida privada de las personas. ¿Qué controles existen para asegurar que los datos personales no sean mal utilizados? Este es uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos, y la pregunta sobre cómo equilibrar innovación y protección de derechos es clave para el futuro.
A nivel institucional, Argentina ha comenzado a abordar este desafío con iniciativas como el Programa de Transparencia y Protección de Datos en el Uso de IA, que busca garantizar que los ciudadanos estén protegidos frente a los nuevos riesgos que implica el uso de datos masivos. Este programa se alinea con recomendaciones internacionales de organismos como la OCDE y la UNESCO, lo que demuestra el interés del país en avanzar hacia una IA ética y regulada.
En este sentido, el Congreso argentino también está tomando medidas. Actualmente, se están discutiendo más de 20 proyectos de ley que buscan regular la IA en áreas clave como la gobernanza de datos y la evaluación de riesgos. Uno de los puntos más destacados es la creación de "espacios de prueba regulatoria" (o sandboxes), donde las tecnologías pueden ser probadas antes de su implementación para asegurar su viabilidad y medir su impacto social y ético.
Congreso
Además, se están llevando a cabo audiencias públicas donde expertos en la materia están contribuyendo a la formulación de estas leyes, lo que subraya la importancia de un diálogo inclusivo entre sectores. El desafío de regular la IA es multidimensional: no solo se trata de establecer marcos legales, sino también de adaptarlos a la evolución constante de la tecnología.
La protección de datos personales y la necesidad de actualizar leyes obsoletas, como la Ley de Protección de Datos Personales de 2000, son parte central de esta discusión. Sin una legislación moderna, Argentina corre el riesgo de quedar rezagada en un contexto global donde la IA avanza rápidamente. Este es el momento para que Argentina defina cómo aprovechar la IA de manera que fomente la innovación, sin perder de vista la importancia de los derechos individuales.
La creación de normativas equilibradas, con la participación de todos los actores clave, garantizará un futuro donde la tecnología y la ética caminen de la mano.
