La Procuraduría General del Estado (PGE) alertó sobre el impacto que causaría la aprobación de la modificación a la Ley de Extinción de Dominio. De acuerdo con esta institución, la iniciativa legislativa perjudicaría al Estado, pues ya no podría recuperar dinero proveniente de bienes asociados a diversas actividades ilícitas, como el tráfico ilícito de drogas, la corrupción de funcionarios, la minería ilegal, la trata de personas, el lavado de activos y el terrorismo, entre otras.
Asimismo, se detendría el proceso de los casos en curso. "De ser aprobado en segunda votación, el texto sustitutorio, conforme a la primera disposición complementaria final, que establece la aplicación inmediata de la ley a los procesos en curso, afectaría a más de cinco mil casos actualmente en trámite, ya sea en fase de indagación o judicial", se lee en el comunicado publicado por la PGE.
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En ese sentido, de acuerdo con el organismo público, el proyecto de ley "aniquila por completo la figura de la extinción de dominio al condicionarla, o limitarla, a la existencia de una sentencia condenatoria penal firme y consentida". Tal reforma "elimina su autonomía y restringe su aplicación a situaciones en las que no se pueda obtener tal sentencia, excluyendo de manera injustificada una serie de casos relevantes".
Los casos afectados serian los relacionados a: bienes pertenecientes a procesados que han fallecido, bienes de procesados declarados contumaces, ausentes o prófugos de la justicia, bienes en los que la acción penal ha prescrito, bienes registrados a nombre de testaferros que no estén comprendidos en el proceso penal.
"La PPEED respeta las competencias de los distintos poderes del Estado. No obstante, en su rol como defensora de los intereses del Estado peruano en los procesos de extinción de dominio, hace un llamado a los representantes de las diversas bancadas del Congreso de la República para que, en la segunda votación, tomen en cuenta las observaciones realizadas por las instituciones que conforman el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio (Poder Judicial, Procuraduría General del Estado, Ministerio Público y PRONABI). La finalidad es propiciar un diálogo y debate constructivo que conduzcan a una propuesta normativa equilibrada, que garantice la efectividad de la extinción de dominio sin menoscabar los derechos fundamentales de las personas, sin comprometer su eficacia ni eliminar su aplicación", anotaron.
