La Fiscalía ha informado a favor de que se investigue penalmente la gestión que hicieron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón , y otros miembros de su gobierno, de la catastrófica dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. La tragedia ha dejado un balance provisional de 223 muertos, tres desaparecidos y daños multimillonarios. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordó el viernes acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón «sobre los mismos hechos». Dio entonces dos días al Ministerio Público para pronunciarse. En su informe, la Fiscalía solicita que estas diligencias, que afectan a aforados, lleguen primero a un juzgado de instrucción para remitirse al alto tribunal valenciano en caso de que se encuentren indicios de criminalidad en la actuación de los mismos, según ha avanzado El País y ha podido confirmar ABC. En ese supuesto, debería elevarse una exposición razonada ante el TSJ. No obstante, la decisión última sobre el devenir de la causa corresponde ahora al pleno de la Sala de lo Civil y Penal, que está integrado por la presidenta de la misma y del TSJCV, Pilar de la Oliva, y por otros cuatro magistrados. Las querellas y denuncias formuladas contra Mazón tras la riada son una primera de la organización Iustitia Europea; dos del sindicato CGT; dos presentadas por abogados -una de ellas dirigida también contra la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, con las competencias en Emergencias- y dos más de particulares. Fuentes de la Generalitat sostienen que la Fiscalía «ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta contra Carlos Mazón y por eso pide que la causa la instruya un juzgado ordinario y no el TSJCV, que es el único competente para juzgar al presidente».
