Con un lacónico «conforme», Pablo y Aránzazu reconocieron este martes en la Audiencia de Toledo ser los autores de un delito continuado de estafa: tramaron diversas artimañas para robar 41.927,28 euros entre 2014 y 2017 a su empresa, Makro, una cadena de tiendas de autoservicio de ventas al por mayor. Pablo era el gerente del centro en Olías del Rey y Aránzazu, la responsable de Administración y Personal. Se trataba de dos personas que gozaban de reputación en la empresa por los años de servicio, así como por el conocimiento sobre las normas internas y controles fijados por Makro para evitar prácticas desleales de sus empleados. Sin embargo, lo que la cadena desconocía es que habían puesto a dos lobos al cuidado de las ovejas . Durante ese periodo de casi cuatro años, Pablo y Aránzazu confeccionaron facturas figuradas, todas idénticas y sin numeración, en las que hicieron constar únicamente el número de menús que supuestamente habían sido consumidos por empleados de la sucursal. «Ni identificaron a los trabajadores ni los motivos de asistencia a las comidas», relata la fiscal en su escrito de acusación. También elaboraron hojas de anticipos a cuenta de nómina que simularon ser solicitadas por determinados empleados . Aránzazu las tramitó sin la firma del trabajador o con una rúbrica figura, justificando así que sacara el dinero correspondiente de una caja que denominaban «pequeña». Para ello, Pablo autorizó esas cantidades, que luego se descontaron de los salarios de varios empleados como si fueran anticipos. De esa manera, lograron sisar 16.100 euros, una cantidad que luego la empresa reintegró a los perjudicados. Igualmente, Pablo y Aránzazu realizaron hojas de liquidaciones de gastos como si los trabajadores las hubieran presentado en concepto de comidas, kilometraje o combustible. Para darle credibilidad, estamparon una firma figurada y pusieron un concepto irreal . El Ministerio Público pedía para cada cuatro años de prisión y una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, además del pago de las cuota profesionales. Después de las negociaciones de los abogados y la Fiscalía, se alcanzó una conformidad. Aceptaron un año de prisión, una multa de tres meses con una cuota de 6 euros diarios, así como la devolución de la cantidad sustraída : 41.927,28 euros, más los intereses legales. Durante la negociación, Aránzazu estuvo en la planta baja de la Audiencia y Pablo, en el vestíbulo de la Sección Segunda , que fue la que le iba a juzgar. Tras reconocer los hechos en la sala, el presidente del tribunal pidió que los numerosos testigos y peritos pasaran a la sala para explicarles por qué no iban a declarar. Allí les explicó la sentencia de conformidad que permitirá a Pablo y Aránzazu suspender sus penas para no ir a prisión.
