El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) del sindicato para que los empleados públicos recuperen íntegras las pagas extra desde 2010, unos 30.000 millones de euros.
En concreto, la iniciativa pretendía derogar el artículo en materia retributiva del real decreto-ley por el que se adoptaban las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
La Mesa del Congreso de Diputados acordó el pasado 16 de mayo de 2023 no admitir a trámite una ILP para que los empleados públicos recuperen las pagas íntegras desde 2010 porque no cumplía con la ley que regula las iniciativas legislativas populares «en la medida en que afecta a materia presupuestaria».
Sin embargo, desde el sindicato, defienden que esta «supuesta» afectación a materia presupuestaria no es una de las causas concretas tasadas y previstas para la inadmisión de la proposición y, además, aseguran que no se produce dicha afectación.
Además, el recurso de amparo CSIF hace constar que la iniciativa presentada no incluye propuesta alguna sobre la elaboración de los Presupuestos, o coste directo por estos conceptos, sino que propone, únicamente, suprimir el artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que el gobierno socialista aprobó medidas extraordinarias para reducir el déficit público, descontrolado como consecuencia de la crisis financiera de 2008, y negociarla en el seno de la Mesa General de las Administraciones Públicas.
Por su parte, el Tribunal considera que en este caso concurre una «especial trascendencia constitucional» porque el asunto suscitado «pudiera tener unas consecuencias políticas generales» según ha podido saber EFE.
Según los cálculos de CSIF, queda vigente el recorte en la paga extra que desde entonces se ha visto «mermada» en una media de:
Además, desde el Central Sindical Independiente y de Funcionarios explican que «las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectados dos millones de empleados de todas las administraciones». «Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010″.
