El Consejo de Ministros aprueba una reforma sobre el derecho de rectificación para actualizar la ley de 1984, ampliar a 10 días el plazo y obligar a plataformas como YouTube o TikTok a habilitar canales para este tipo de reclamaciones
Qué es el derecho de rectificación y por qué publicamos notas de rectificación en elDiario.es
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación, que acaba de cumplir los 20 años de antiguedad, para que abarque con más efectividad a los influencers y sus perfiles de internet con cientos de miles de seguidores. El proyecto explica que han pasado “más de cuarenta años” desde la promulgación de la ley original y que los “cambios” en los medios de comunicación “han sido sumamente profundos” y merecen un cambio legal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Justicia Félix Bolaños ha explicado que “hace 40 años el ecosistema informativo y la manera de rectificar nada tenían que ver con los que hoy se utilizan”. “Es imprescindible modernizar el derecho a la rectificación y ser conscientes del impacto que están teniendo en todas las democracias los bulos y las fake news en el debate público”, ha explicado.
El ministro de Justicia ha explicado que esto permitirá ejercer el derecho de rectificación frente a 'influencers' con más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 entre todos sus perfiles, que tienen “más difusión que muchos medios. ”Hay profesionales del bulo y de la mentira, también contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación“.
Tras la reforma anunciada este martes en el Consejo de Ministros, esta ley incluirá, además de los medios de comunicación, a los “usuarios de especial relevancia de plataformas en línea y servicios equivalentes”. El plazo para reclamar estas rectificaciones, además, se amplia de siete a diez días naturales “para facilitar su ejercicio” y los escritos de rectificación deben llegar directamente al 'influencer' o a quien “ejerza el control efectivo sobre la selección del contenido o de la información”, no necesariamente al director.
Para facilitar esto, la ley obliga a las plataformas a tener “un mecanismo fácilmente visible y accesible” que permita al solicitante “contar con una herramienta que le asegure la remisión directa e inmediata de la rectificación, así como la constancia de la recepción y el seguimiento del proceso” aunque no esté registrado.
En diversas ocasiones los tribunales, por la vía civil, han condenado a influencers y youtubers a indemnizar a personas afectadas por sus insultos o informaciones falsas. Esta reforma afecta al conocido como el derecho de rectificación, que permite a cualquier persona dirigirse a un medio de comunicación para, en la práctica, obligar a la publicación de su versión de los hechos si considera que una información publicada es incorrecta o incompleta.
La nueva norma, ha explicado Bolaños, “introduce ajustes para agilizar el derecho de rectificación por los ciudadanos que se vean afectados por una noticia falsa. Adaptamos a la realidad actual y regulamos expresamente los entornos digitales”.
