El Consejo de Ministros aprueba las condiciones del nuevo concierto, para los años 2025, 2026 y 2027, por 4.478 millones de euros
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la segunda licitación para el concierto de Muface, después de que las aseguradoras dejasen desierta la primera propuesta. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha comunicado un incremento acumulado de la prima del 33,5%. La propuesta del Ejecutivo supone un importe de 4.478 millones de euros, para los años 2025, 2026 y 2027. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad”, ha insistido Alegría.
En concreto, con la nueva dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% más en 2026; y otro 4,32% en 2027. “La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027”, indican desde el Ministerio de Función Pública. Además, entre las novedades que incorpora la nueva licitación, “se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes”.
El presidente de la Fundación Idis, uno de los lobbies del sector, Juan Abarca, indicaba este mismo martes que se esperaba que la subida total a tres años fuera cercana al 25%. “Sería insuficiente para compensar el crecimiento medio del gasto sanitario anual, que ronda el 10% cada año” pero que “al ser la subida por tramos de edad, incrementando las primas para los mayores da un poco de tranquilidad a medio plazo para que pueda ir conteniendo el incremento de costes como consecuencia del envejecimiento del colectivo y garantiza que al final de los tres años la subida esperable sea mayor de ese 25%”, publicaba en su cuenta de Linkedin.
Finalmente, la subida total que ofrece el Gobierno es 8,5 puntos superior a la previsión de Abarca, que ya con un 25% consideraba que “alguna aseguradora pueda concurrir, con lo que se da una patada adelante al modelo por un periodo de tres años”. Fuentes de Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que prestan servicio actualmente han expresado cautela a Europa Press, a falta de conocer los pliegos.
Pese a defender “la mayor subida de la historia”, del 17% para los años 2025 y 2026, el Ministerio de Función Pública dejó clara desde el primer momento su intención de elaborar una segunda licitación, que mejorase las condiciones y contentase a las aseguradoras privadas, que actualmente prestan servicio a unos 770.000 trabajadores públicos y a otros 424.000 beneficiarios. Sin embargo, el departamento que dirige Óscar López dio un giro al procedimiento, al abrir un periodo de consultas preliminares de mercado para que estas compañías justificasen por cuánto estarían dispuestas a seguir dando esa asistencia.
Al cierre de ese procedimiento, la entidad consideró que la respuesta de las aseguradoras que habían presentado sus alegaciones, solo Asisa y DKV, “no aporta la evidencia de los costes que conforma el total de la prima”. “Habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifiquen el incremento de la prima por parte de los operadores”, indicaba Muface en un informe. En ese documento valoraba “favorablemente” la propuesta de un “incremento de primas por tramos de edad”, al entender que se adecua “más a la realidad actual del mutualismo”.
La última semana los sindicatos habían aumentado la presión, con diferentes protestas enfocadas a forzar un acuerdo entre el Gobierno y las compañías para garantizar la asistencia sanitaria privada a los funcionarios públicos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó ante el Defensor del Pueblo y en el Congreso de los Diputados un informe con “multitud de quejas” de funcionarios que habían sufrido “retrasos, suspensiones y anulaciones de citas”. Este domingo, según datos del propio sindicato, se congregaron ante la sede de Muface unas 35.000 personas para reclamar una financiación “suficiente”. “No descartamos ninguna medida de presión, incluida una huelga en las administraciones públicas”, advirtió su presidente, Miguel Borra.
Este sindicato “se felicita” por el anuncio de la nueva licitación pero pide “prudencia a la espera de conocer el posicionamiento de las aseguradoras”. “En cualquier caso, es una buena noticia que se haya elevado la prima para mejorar la atención sanitaria”, indican en una nota de prensa, en la que muestran su esperanza por “que se llegue a un acuerdo cuanto antes” para “terminar con la incertidumbre y la desatención que actualmente sufren los mutualistas”.
El pasado miércoles, UGT y CCOO se manifestaron ante la sede de Unespa, la patronal de las aseguradoras privadas para exigir una “solución urgente”. Esa misma tarde, convocaron a sus afiliados ante las sedes provinciales de la mutualidad.
La crisis abierta entre el Gobierno y las aseguradoras privadas ha hecho a las partes implicadas plantear la necesidad de reformular el modelo. Desde Función Pública han trasladado que Muface es “un viejo invento que ha ido acumulando capas y tiene unos elementos más racionales que otros”. “Si no, no estaríamos donde estamos. Es evidente que hay cosas que revisar”, señalaban fuentes ministeriales, que han puesto sobre la mesa la posibilidad de que los funcionarios elijan el modelo que quieren, público o privado, “para siempre”, en lugar de poder cambiar cada mes de enero. Incluso algunas voces del sector apuntan que, aunque lo presupuestario es central, hay otros ejes sobre los que se puede trabajar, como las prestaciones o la edad de los beneficiarios.
Un informe de Sanidad, que no tiene competencia directa sobre la mutualidad, señala que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. Este lunes, a cuenta del Consejo Interterritorial de Salud, la ministra Mónica García ha señalado que la pelota “está en manos de las aseguradoras” y se ha alineado con Función Pública: “Por parte del Gobierno de España hay el máximo interés en que el convenio salga”.
Mientras desde el lobby sanitario privado llevan trasladando desde el verano la necesidad de un incremento de las primas del 40%, las aseguradoras privadas deberán decidir en los próximos días si aceptan las nuevas condiciones y concurren al concierto o, por el contrario, alargan la agonía de un sistema del que cada vez se bajan más trabajadores públicos. Aunque el 70% del funcionariado todavía opta por la sanidad privada, en 2022, dos de cada tres nuevos funcionario eligieron la sanidad pública.
