El ministerio público presenta un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que avala que se unifique la investigación de las siete querellas presenradas hasta ahora contra el presidente del Gobierno valenciano como máximo responsable autonómico
El TSJ acuerda la acumulación en la misma causa de siete querellas y denuncias contra Mazón por la gestión de la DANA
La Fiscalía de València se ha pronunciado de forma favorable a la investigación del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, por su posible responsabilidad penal en la gestión de la trágica DANA del pasado 29 de octubre que se ha cobrado 223 vidas en la provincia de Valencia.
Así lo recoge el escrito presentado por el ministerio público ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según ha avanzado El País. En el mismo escrito avala la unificación en una sola causa de las siete querellas y denuncias presentadas hasta ahora contra presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y contra la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas. Una de ellas, además, apunta a otras autoridades.
El TSJCV dictó una providencia el pasado 13 de diciembre en la que alegaba que se tratan de los mismos hechos y dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que, en el plazo de dos días, emitiera un informe acerca de la competencia del tribunal y la admisión o inadmisión de los escritos remitidos por las partes, escrito que ya se ha emitido.
Los denunciantes atribuyen a los responsables políticos la comisión de los delitos de prevaricación, de lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Según el escrito de la fiscal María José Montesinos de Lago publicado por El País, las acusaciones de los denunciantes vienen “como consecuencia de la no adopción de algunas decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos” y añade que “de ese relato derivan una genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados que, a día de hoy, no consta singularizada”.
Además, afirma que las denuncias se refieren a la “desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas” e indican que “ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida”.
La Fiscalía entiende que debería ser un Juzgado de Instrucción el que lleve a cabo “una completa investigación judicial sobre los hechos acaecidos concretando la intervención, o, en su caso, inacción, de cada uno de los querellados y denunciados” y que en el caso de que existan indicios de criminalidad suficientes contra Carlos Mazón, elevar una exposición razonada ante el TSJCV al estar aforado Mazón por su condición de presidente de la Generalitat Valenciana.
Por otra parte, el Tribunal Supremo tiene registradas, al menos, nueve querellas contra miembros del Gobierno de España por delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, entre otros por la gestión de la DANA. Estas se dirigen contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no activar el estado de alarma y tomar el control, y contra la vicepresidenta Teresa Ribera, por su responsabilidad en la Confederación Hidrográfica del Júcar, órgano al que el PP ha tratado de derivar la culpa por un supuesto “apagón informativo”.
