El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández , ha vuelto a asegurar que la adopción de medidas sociales, formativas y de empleo para combatir el narcotráfico en Andalucía son competencia de la Junta. Así lo ha vuelto a asegurar a preguntas de ABC en una rueda de prensa para informar sobre la puesta en marcha del dispositivo policial para garantizar la seguridad en las zonas comerciales de la región durante estas fiestas navideñas. En este sentido y sobre la ejecución del Plan Integral para el Campo de Gibraltar que el Gobierno de España aprobó en 2018, con una inversión de 1.000 millones de euros, que además de más medios humanos y materiales para las Fuerzas de Seguridad, contemplaba importantes inversiones y medidas de ocho ministerios con el objetivo de impulsar la economía esta comarca gaditana, reducir el desempleo y luchar contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la inmigración ilegal, Fernández sostiene que el Ejecutivo central «está haciendo su trabajo». «Las medidas sociales y de empleo competen a la Junta de Andalucía. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde es la de seguridad y hemos dado pasos muy importantes haciendo historia con el Plan Especial de Seguridad. Además, estamos transfiriendo a la Junta mucho dinero para planes de empleo que no se hacía antes. Es la Junta la que tiene que ejecutar las medidas. No obstante, el objetivo debe ser el mismo, que todos seamos capaces, cada uno en su ámbito competencial, de poner los máximos medios posibles para normalizar una situación en la que es muy importante recuperar el principio de autoridad en el Campo de Gibraltar» , ha respondido. El delegado ha eludido además pronunciarse sobre si el PSOE va a respaldar la Proposición no de Ley que el PP defenderá este miércoles en el Senado para que el t ransporte y la tenencia de combustible para narcolanchas sea considerado delito y no una simple falta administrativa. «Me va a permitir no entrar en ese debate parlamentario», ha respondido. Sí ha mostrado su preocupación por la cada vez mayor incidencia de esta actividad y por la necesidad de frenarla y combatirla tanto policialmente como en los tribunales , si bien ha reconocido la tipificación de esta actividad como delito es compleja aunque ha asegurado que se sigue trabajando en ello.
