La empresaria Carmen Pano, que afirmó en prensa haber entregado bolsas dinero en efectivo como comisiones ilegales en la sede central del PSOE de la madrileña calle de Ferraz, y su hija, Leonor Pano, han quedado en libertad, sin pasar a disposición judicial, tras haber sido detenidas este lunes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los arrestos se produjeron en el marco de la segunda fase de la trama de los hidrocarburos, investigación por la que entró en prisión Víctor de Aldama.
Los agentes llevaron a cabo sendos registros en la casa de Las Rozas de la empresaria y el domicilio en Sevilla de su hija. El objetivo del operativo era buscar dinero y documentación relativa a esta investigación. La Audiencia Nacional practica las pesquisas por la presunta defraudación en dos años de 182 millones de euros en IVA. Tanto Pano como su hija quedaron en libertad, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN.
Esta causa está siendo dirigida por el juez Santiago Pedraz y se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, fuentes del caso subrayan a LA RAZÓN que muy pronto puede levantarse esta circunstancia para que todos los investigados conozcan las actuaciones y los cargos a los que se enfrentan.
En el registro en Sevilla se recogieron informes en relación con la empresa que pagó el chalet de Ábalos. No hubo en ningún caso la retirada de dinero en efectivos pero si analizarán los dispositivos móviles por parte de la UCO. Sorprendió a los efectivos policiales la presencia de máquinas para contar billetes.
Entre los detenidos también se encuentra un socio del entramado, que responde al nombre de Carlos Castillo, y Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, investigado en el "caso Koldo". Castillo en la actualidad se encuentra como socio único en Combustibles Lucinala S.L., que hasta la primavera de 2022 contaba en sus filas con Carmen Pano. Tiene una docena de cargos activos en diferentes sociedades, según ha podido comprobar LA RAZÓN.
La UCO de la Guardia Civil asegura que "esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude". Asimismo, el Instituto Armado define que la trama cuenta "con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente".
