En manos del juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se encuentra el futuro de los peajes de la concesión de Línea Amarilla, que administra hoy la empresa Lima Expresa en Evitamiento y en el túnel que pasa por debajo del río Rímac.
Y es que, el martes pasado, el magistrado escuchó los alegatos de los abogados de Lima Expresa y del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, quien ha solicitado suspender el cobro de los peajes por un año. Esto en el marco de las investigaciones en contra de la exalcaldesa Susana Villarán y la constructora brasileña OAS por presuntos actos de corrupción.
Según Pérez, se han realizado reajustes tarifarios no establecidos en el contrato de concesión que han llevado que el precio del peaje pase de S/3 en el 2013 a S/6,60 en el 2024.
Explicó que, en un primer momento, se modificó la fórmula del reajuste tarifario que tenía el parámetro mínimo del 50% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto se cambió por el 100% de la variación del IPC, lo que elevó el precio a S/4 a finales del 2013.
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“La gestión de la exalcaldesa Villarán modifica la fórmula porque recibió 3 millones de dólares de OAS para la compaña de la revocatoria del 2013”, dijo.
También señaló que, después, se efectuaron dos aumentos al peaje, de S/0,50 cada uno, basándose en un acta de cierre de trato directo del 2014, donde Villarán reconocía compensaciones en favor de Línea Amarilla. El precio llegó a S/5 en el 2016.
“Es un hecho innegable que ha habido un incremento de la tarifa que no estaba establecido en el contrato y que, de manera indebida, incorrecta e ilegal, la gestión de Villarán otorgó un beneficio a la empresa”, afirmó.
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Para eso, el fiscal presentó pericias contables, informes de Contraloría, declaraciones y un fallo del TC. Su pedido fue que, tras la suspensión, se nombre a Emape como administrador judicial de los peajes de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, entre otros.
Durante la audiencia, el abogado de Lima Expresa respondió que lo del reajuste por el acta de trato directo se ejecutó porque debían cubrir costos excesivos por eventos especiales; y en torno al otro incremento, explicó que se debió por una discrepancia en la fórmula tarifaria que tenía una cláusula ambigua. Eso ya no lo cobran porque quedó zanjado con un laudo arbitral del 2020.
“Si se aprueba esta suspensión del cobro de peajes, las consecuencias serían nefastas. La empresa quebraría porque se quedaría sin su única fuente de ingresos”, aseguró el asesor de la empresa, Roberto Pereira.
Agregó que el pedido fiscal carece de sustento legal y que podría generar efectos negativos de cara a los inversores. “Reabren temas zanjados en laudos arbitrales. Esperamos que el juez desestime esa pretensión”.
En este proceso también participó el alcalde Rafael López Aliaga, quien recordó que el TC ya ordenó suspender el cobro del peaje de Rutas de Lima, en Puente Piedra, hasta que haya una sentencia en este caso.
Como una medida menos gravosa, el alcalde López Aliaga propuso que los peajes de Lima Expresa vuelvan al precio del contrato original; es decir, a S/3. Esto hasta que haya una sentencia contra Susana Villarán. ❖
En marzo de este año, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la empresa Rutas de Lima suspender el cobro del peaje de Chillón, en Puente Piedra, por haberse vulnerado el derecho a la libertad de tránsito de los vecinos de la zona. Esto, hasta que la municipalidad cumpla con construir una nueva ruta alterna.
“La sentencia dice que la MML está en la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar su construcción. El flagrante desacato de la MML constituye una fuente más de afectación de la inversión de Rutas de Lima”, señaló la empresa tras solicitar a la comuna que detalle las acciones inmediatas para cumplir con el fallo del TC.
