La situación legal de todos los detenidos provisionalmente que no hubieran sido atrapados en flagrancia estaba en entredicho. Se comenzaban a abrir las cárceles, primero para los diez integrantes de ‘Las Hienas Verdes’ y luego para los directivos de la cooperativa Aelu, que es acusada de estafa en perjuicio de 21.000 socios, a los que les habrían desaparecido los ahorros de toda su vida. El monto de la estafa asciende a 700 millones de soles.
Al final, el caso fue parcialmente corregido por los autores del legicidio, es decir, los congresistas. Aunque la nota fue promovida originalmente por Perú Libre, no se puede dejar de recordar que el resto de bancadas aliadas del fujimorismo y de Dina Boluarte abrazaron con entusiasmo el proyecto y lo promovieron hasta alcanzar el Pleno y la cantidad de votos requeridos para ser aprobada. No hay que olvidar que se insistió una y otra vez en los peligros que entrañaba la norma. Los especialistas, los fiscales, el Poder Judicial, hasta los medios de comunicación advirtieron de la enmienda y de los problemas que podía suscitar.
Como el Congreso actúa por consigna y sin ninguna evaluación del daño que está generando a la sociedad con estas leyes procrimen que promulga, la norma se aprobó. El Ejecutivo, que es un auténtico apéndice del Legislativo y una virtual mesa de partes, le dio carácter de ley y la promulgó.
Como era de esperarse, empezaron los problemas judiciales que ya se habían advertido. Finalmente, ayer se publicó la rectificación y se devolvió la detención provisional, pero con cambios. Además, se les agrega a los fiscales la tarea de presentar indicios y elementos razonables para la detención preliminar. Antes solo se requerían razones necesarias para la investigación.
Anteriormente, la sola existencia de una organización criminal ya era motivo de una detención provisional; ahora se tendrá que probar si hay peligro de fuga o alguna forma de obstaculización de la investigación fiscal. Al final, igual se le dio una ayudita a las organizaciones criminales.
