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Con la Capitulación de España que se reseña –hace 200 años clavados– tres siglos de régimen colonial llegaron a su abrupto final, y también esta serie Parte de Guerra, que tomó el pulso de la gesta de la independencia en “tiempo real”. Pero la Historia sigue su infatigable curso. Nueve de los oficiales y suboficiales del Ejército Unido Libertador que lucharon en la batalla de Ayacucho serían presidentes del Perú durante los 50 primeros años de nuestra República, aunque algunos por periodos tan fulminantes como los del presente: José de La Mar, Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverry, Manuel Ignacio de Vivanco, Ramón Castilla, Miguel de San Román, Juan Antonio Pezet, Pedro Pablo Bermúdez y Domingo Nieto. Los próceres Andrés de Santa Cruz, José de Orbegoso, y José Rufino Echenique fueron también caudillos armados y temidos, si bien no combatieron en Ayacucho. La lucha fratricida, a veces violenta, no fue motivada solo por el afán de poder, la soberanía peruana sobre el territorio tuvo mucho que ver con muchos de esos enfrentamientos. “Y así fueron naciendo, entre grandes esperanzas, desorientados pasos, rudos embates y antagónicas tensiones, el Perú independiente”, describió Jorge Basadre
Escribe: Natalia Sobrevilla (*)
La batalla de Ayacucho perdida y el virrey La Serna preso, José de Canterac, el segundo al mando del ejército realista, buscó un acuerdo con el enemigo. Algunos de sus subordinados quisieron organizar a los dispersos con la intención de volver al Cusco para seguir peleando, pero los soldados se rehusaron, tomando sus armas y apuntándoles. Canterac acompañado de José de Carratalá buscaron a José de La Mar, jefe del Estado Mayor patriota –quien hasta septiembre de 1821 había peleado junto a ellos por el Rey–para acordar los términos de la rendición. Estos generales redactaron la Capitulación con el comandante del triunfante Ejército Unido Libertador, Antonio José de Sucre, hasta altas horas de la noche del 9 de diciembre, como consignó en su diario el General Guillermo Miller.
En la primera cláusula acuerdan la entrega de las armas, bagajes, municiones, caballos, parques, maestranza. El segundo punto dispone que todo individuo del ejército español que quisiera volver a la península, podría hacerlo y el nuevo Estado peruano cubriría los costos, incluyendo media paga. La única condición era que no podrán ir a punto alguno de América aun ocupado por las armas españolas. A pesar de ello solo 748 hombres, de los 9000 que fueron parte de ese ejército a inicios de 1824, abandonaron el Perú. Quienes se quedaban podían hacer uso de la tercera cláusula que le daba derecho a mantener su mismo empleo en el ejército peruano, si así lo quisiesen. De la misma forma el décimo punto contemplaba que quien no quisiese seguir como militares podría quedarse en el Perú sin sufrir represalia alguna. La novena clausula permitía que quienes habían sido empleados de la monarquía pudiesen seguirlo siendo del nuevo Estado.
Los artículos del cuatro al siete velaban por los derechos de quienes habían defendido al Rey, no solo en el ejército, si no en el resto de la sociedad. No se molestaría a nadie por sus opiniones, las personas podrían pasar a residir donde quisiesen, y si eligiesen hacerlo en el Perú, se les consideraría peruanos. Esto se aceptó, dentro del año calendario. Por tres años se respetaría el derecho a la propiedad de los españoles que se hubiesen ido, pero solo si los individuos no eran hostiles a “la causa de la libertad”. De las cláusulas once a la dieciocho se acordaban los términos de la entrega de plazas y armas demás. La fortaleza del Callao estaba contemplada entre los rendidos, pero su jefe Ramón Rodil se rehusó a hacerlo y resistió allí hasta inicios de 1826. Todo lo que estaba al sur del río Desaguadero en la Audiencia de Charcas no se consideró por no estar bajo las órdenes del virrey.
La Capitulación se ha visto como extremadamente generosa, y la cláusula más controversial es la octava, donde el Perú debía reconocer la deuda contraída por el gobierno español en el territorio, a pesar de que se dejaba en claro que esto lo decidiría el nuevo Congreso. ¿Pero se trató realmente de un gesto magnánimo o fue más bien un reconocimiento a que la defensa del Rey había sido posible gracias a un número muy importante de americanos y que para poder poner fin a la guerra era preciso incluir a todas las facciones? Incluso después de la batalla y de la Capitulación de Ayacucho, algunos remanentes del ejército llegaron hasta los bastiones realistas de Arequipa y Cusco, proclamando al criollo Pio Tristán como virrey interino. Fue justamente al ver los términos de la Capitulación y la amenaza de ejecución si no la aceptaba lo que convenció al arequipeño que no había motivo para seguir peleando.
Finalmente, después de tres siglos de presencia de la corona española en América del Sur, y casi quince años de guerras, la Capitulación de Ayacucho aceptó que ese periodo histórico había terminado y que el continente ahora estaría organizado en republicas, católicas e hispanohablantes, pero políticamente autónomas.
(*) Natalia Sobrevilla Perea ejerció durante 17 años la cátedra de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent, Inglaterra. Autora de numerosos libros, sus más recientes publicaciones son La nación subyacente (Debate, 2024) y Repúblicas sudamericanas en construcción: hacia una historia común (Fondo de Cultura Económica 2021).
