En un intento por proteger a los consumidores frente a la usura en servicios financieros, el Congreso de la República aprobó eliminar las comisiones por transferencias bancarias y pagos con tarjetas de crédito. Sin embargo, horas después de la votación, se presentó una solicitud de reconsideración, lo que ha frenado temporalmente la aplicación de esta medida.
Esta situación mantiene vigente la normativa actual, a la espera de que el Pleno del Congreso decida sobre la reconsideración presentada por el congresista Víctor Flores Medina, de Fuerza Popular. A continuación, los detalles.
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El dictamen, basado en los proyectos de ley 3428 y 3739, busca modificar la Ley 31143 y estipula que no se podrá cobrar comisión por transferencias entre cuentas de distintas entidades del sistema financiero. Además, contempla sanciones para quienes incumplan las disposiciones bajo el marco de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Esta reforma legal, aprobada inicialmente con 67 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones, ha generado un intenso debate entre quienes defienden los derechos de los consumidores y los sectores que alertan sobre sus posibles consecuencias negativas.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por transferencias interbancarias ni por operaciones con tarjetas de crédito. Además, se establece que los contratos de cuentas de ahorro y cuentas corrientes deberán eliminar cualquier disposición que permita el cobro de estas tarifas. El incumplimiento de estas normativas estará sujeto a sanciones previstas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
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Para los defensores de la medida, esta es una respuesta necesaria frente a prácticas que afectan directamente a los consumidores. Según García Correa, la eliminación de comisiones es parte de un conjunto de normativas destinadas a combatir la usura y promover la transparencia en los servicios financieros. Sin embargo, el alcance de esta reforma ha suscitado dudas sobre su viabilidad técnica y su sostenibilidad a largo plazo.
Instituciones como el BCR, el Ministerio de Economía y la SBS han señalado que la eliminación de comisiones podría comprometer la seguridad de las transferencias interbancarias. Uno de los puntos críticos es el impacto en la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), el organismo encargado de garantizar la autenticidad y la seguridad de las operaciones interbancarias. Según Jorge Delgado, expresidente de Asomif, los costos operativos de la CCE deben ser financiados de alguna manera, y eliminar las comisiones podría poner en riesgo la calidad del servicio.
Además, el Ministerio de Economía ha argumentado que esta normativa vulnera el artículo 59 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa y la autonomía en la fijación de precios. Por su parte, la SBS advierte que obligar a las entidades financieras a ofrecer servicios gratuitos sin considerar los costos asociados podría afectar la sostenibilidad del sistema financiero.
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La solicitud de reconsideración presentada por el congresista Víctor Flores Medina representa un freno temporal a la aplicación de esta normativa. Hasta que no se vote esta reconsideración, el dictamen aprobado no podrá ser enviado al Ejecutivo para su promulgación u observación. Esto abre un espacio para que los diferentes actores involucrados, desde gremios empresariales hasta asociaciones de consumidores, continúen exponiendo sus posturas frente al tema.
Aunque los proyectos de ley que dieron origen a esta reforma se presentaron en 2022, su avance legislativo ha sido lento, logrando apenas este año una segunda votación en el Congreso. Este periodo de reconsideración podría marcar una nueva etapa en el debate sobre la regulación de los servicios financieros en el país, especialmente si se reevalúan los aspectos técnicos y jurídicos de la normativa.
El anuncio de la eliminación de comisiones ha sido recibido con optimismo por parte de los consumidores, quienes ven esta medida como un alivio frente a los costos adicionales que implican las operaciones bancarias. No obstante, las instituciones financieras y los gremios empresariales han manifestado su preocupación por el impacto económico que esta normativa podría tener en el sector.
Además, expertos en economía destacan que la falta de ingresos por comisiones podría traducirse en un aumento en otras tarifas o en la disminución de servicios gratuitos actualmente ofrecidos por los bancos. Esto podría contradecir el objetivo de la reforma, que busca beneficiar a los consumidores.
