“El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el proceso para rescindir la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de cartuchería 9 x 19 mm. PB NATO para la Guardia Civil”.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska hizo público un comunicado con ese anuncio el 29 de octubre, días después de que Confidencial Digital hubiera publicado que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección General de la Guardia Civil había adjudicado dos lotes de una licitación de suministro de cartuchos del calibre 9 mm, para armas cortes, a dos empresas israelíes.
Esos dos lotes, que sumaban más de 15 millones de cartuchos por valor de 6,6 millones de euros, fueron adjudicados a Israel Military Industries (IMI Systems), propiedad de Elbit, y a Guardian Homeland, intermediaria de las pistolas Ramon. IMI Systems fabrica la munición y Guardian la comercializa en países como España.
Interior había tenido que salir al paso porque la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil contradecía la política del Ministerio de Defensa, que había asegurado por carta -revelada por El País- que desde que Israel lanzó la invasión de Gaza por el ataque de Hamás en octubre de 2023, el departamento había suspendido las compras y ventas de armamento con Israel: una afirmación que, por cierto, ponen en cuestión varias adjudicaciones de órganos de contratación de las Fuerzas Armadas.
En cualquier caso, el Ministerio del Interior anunció que anularía la adjudicación de los dos lotes a IMI Systems y Guardian, debido a que “el Gobierno español mantiene el compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”.
Fue un paso más allá y también anunció que “otras empresas israelíes serán excluidas, como licitantes, en otros expedientes de adquisición de armamento que en estos momentos tramita la Dirección General de la Guardia Civil”.
El mismo día del anuncio del Ministerio del Interior, el 29 de octubre, Confidencial Digital se puso en contacto con Guardian Defense & Homeland Security en España, y con su responsable. La empresa Guardian tiene oficinas en España, entre otros países. Fue la empresa que vendió a la Guardia Civil las pistolas Ramon, de otro fabricante israelí, Emtan.
Planteó varias preguntas a Guardian, relacionadas con el anuncio del Ministerio del Interior de que iba a anular la adjudicación de dos lotes de millones de balas para la Guardia Civil.
1. ¿El Ministerio del Interior, o la Dirección General de la Guardia Civil, les ha comunicado directamente esta decisión?
2. Guardian Homeland Security tiene domicilio fiscal en Madrid, y CIF español. Por tanto, ¿cómo puede justificar el ministerio que son ustedes una empresa israelí? ¿No son a todos los efectos una empresa española?
3. ¿Podrían ustedes mantener el contrato, si en vez de IMI Systems, suministraran munición de otro fabricante no israelí?
4. ¿Guardian va a presentar algún recurso judicial o administrativo contra la rescisión de las adjudicaciones? ¿Ante qué tribunal o autoridad lo van a presentar?
5. ¿Consideran que es legal que el Gobierno de España excluya a empresas de licitaciones, en base a la nacionalidad de la empresa? ¿Supone algún tipo de discriminación por razón de nacionalidad que puedan denunciar judicialmente?
6. ¿Guardian ha recibido alguna otra notificación por parte de órganos de la administración de que va a ser excluida de licitaciones públicas?
Confidencial Digital no recibió respuesta de Guardian a este primer mensaje. Insistió tres veces: el 4, el 14 y el 27 de noviembre. Por fin ese último día, desde el Departamento de Administración de Guardian en España respondieron, indicando que habían trasladado la solicitud a la dirección de la empresa.
Pero el 9 de diciembre aún no había llegado la contestación de Guardian, así que Confidencial Digital insistió una vez más. Al cierre de esta edición, el 16 de diciembre, no se había recibido respuesta. Habían pasado 48 días desde la primera consulta de ECD.
El Ministerio de Defensa había anunciado que ha vetado a empresas israelíes de los concursos, pese a que se ha demostrado que en varios casos ha adjudicado a compañías como Guardian licitaciones en fechas posteriores al inicio de la guerra de Gaza.
El Ministerio del Interior se sumó con ocasión de la compra de balas para la Guardia Civil. Además de anunciar que anularía esas adjudicaciones, afirmó que “otras empresas israelíes serán excluidas, como licitantes, en otros expedientes de adquisición de armamento que en estos momentos tramita la Dirección General de la Guardia Civil”.
Confidencial Digital contactó el 4 de noviembre con la Embajada de Israel en España, para saber si había adoptado alguna decisión ante este veto generalizado hacia empresas israelíes.
Al no recibir respuesta, llamó por teléfono a la embajada, y desde la oficina de comunicación aseguraron que revisarían la consulta. Al no encontrar el correo enviado por ECD, el 18 de noviembre la responsable de información pública pidió que le reenviaran la consulta.
Así lo hizo Confidencial Digital ese mismo día. Estas son preguntas que envió a la embajada israelí en Madrid:
1) ¿Empresas israelíes han contactado con la Embajada de Israel en España para emprender acciones legales contra el Gobierno de España por esta exclusión?
2) ¿La embajada ha iniciado alguna acción para tratar de revertir esa exclusión de empresas israelíes?
3) ¿Han hecho algún estudio jurídico que muestre que excluir a una empresa por su nacionalidad es ilegal y discriminatorio?
4) ¿La embajada ha contactado con los ministerios de Defensa e Interior para protestar por esas decisiones?
Pasaron tres semanas sin recibir respuesta de la legación diplomática de Israel, por lo que Confidencial Digital volvió a contactar con la embajada el 9 de diciembre.
Otra semana después, el lunes 16, la embajada israelí no había contestado a las preguntas sobre el veto a empresas de ese país en ciertas licitaciones públicas de la Administración General del Estado.
Hay que señalar que, hasta el momento, la adjudicación de dos lotes de munición a Guardian e IMI Systems no ha sido formalmente anulada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Incluso se han corregido los anuncios de adjudicación, para puntualizar que son dos empresas, y no una. Pero no aparecen anuladas esas adjudicaciones.
