La consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco , lo había avisado: el plan de ayudas directas del Gobierno para socorrer a empresas y autónomos golpeados por la pasada pandemia del covid va a ser un «infierno administrativo» . El decreto-ley 10/2021 –que establecía las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva– obligaba a pedir a los negocios todas las facturas de proveedores y mirar una a una cómo se habían generado . Su departamento echó mano de robots para agilizar los trámites y evitar de este modo que los funcionarios acabaran enterrados en montañas de documentos y formularios. Se estableció un largo listado de requisitos que restringieron mucho el universo de empresas elegibles....
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