El titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, insistió en respaldar la propuesta de pena de muerte para violadores de menores de edad. En ese contexto, se mostró a favor de que Perú se retire del Pacto de San José y resaltó que se ha formado una mesa de diálogo para poder conocer la opinión ciudadana sobre la medida de ajusticiamiento. Sin embargo, especialistas en derechos humanos, han evidenciado que dicha salida resultaría perjudicial para la ciudadanía.
"Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de discutir si es que es viable la pena de muerte contra delitos como la violación sexual de menores. Incluso, yo me he pronunciado y he dicho que se debe ampliar a sicarios, pero es una discusión que va mucho más allá de una mesa de diálogo porque implicaría el retiro del Perú del Pacto de San José. (¿Usted está de acuerdo con eso?) Yo, particularmente, sí estoy de acuerdo porque creo que existen delitos en los que la capacidad de resocialización de una persona es inviable"
"Para el retiro de una pacto tan importante como el de San José lo que se requieren son dos legislaturas. No es simple, Incluso, podría verse la postura del referéndum. Yo creo que va más allá. Es una decisión de Estado", agregó.
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Al respecto, especialistas en derechos humanos han resaltado que el pacto de San José beneficia a los ciudadanos que deseen apelar una decisión judicial. En caso de que Perú se retire, se dejaría un vacío en esta instancia.
En ese sentido, consideraron que se trata de una cortina de humo por parte de Dina Boluarte. "Todo el proceso suma más de un año y, mientras tanto, los delitos seguirán aconteciendo. Para mí, es una cortina de humo muy grande de la señora Boluarte, pues durante el tiempo que dure el proceso, la ciudadanía y los medios de comunicación centrarán su atención en ello dejando de lado los perjuicios del Gobierno. Es una medida populista para tapar su inacción y su baja aprobación", resaltó el abogado Juan José Quispe.
Esta visión fue compartida por el abogado penalista Mario Amoretti, quien coincidió en que se trata de una mera cortina de humo. "Está claro que es una cortina de humo de la presidenta Dina Boluarte. Esto no soluciona el problema de inseguridad que vive el país. El Gobierno de Boluarte no funciona, el Congreso no funciona, solo están en un espíritu de sobrevivencia y no están haciendo nada para combatir realmente los problemas del país", expresó a este medio.
Además, el letrado recordó que el ajusticiamiento es una medida que ya fue rechazada por la misma ciudadanía años atrás. "En el gobierno de Velasco Alvarado se dio la pena de muerte en delitos de homicidio calificado y violaciones, pero por presión de la opinión pública se retrocedió", indicó.
De la misma forma, el abogado constitucionalista Erick Urbina resaltó la ineficacia de esta medida. "La última vez que se aplicó la pena de muerte en el Perú fue en el caso del "Monstruo de Almendariz", un ciudadano afroamericano a quien se le aplicó este castigo y luego se determinó que era inocente. Creo yo que el sistema jurídico peruano no garantiza que ningún ciudadano sea tratado con justicia. En varias situaciones se ha visto que el margen de error es muy amplio. Es una medida populista. No es viable ni hay unanimidad en la postura de Estado", explicó a Exitosa.
