Contratos y dinero en efectivo. Estos eran los dos principales objetivos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando explotaron este lunes la segunda fase de la trama de los hidrocarburos, según informan fuentes de la investigación a LA RAZÓN. Centraron el 'tiro' en los lugartenientes de Claudio Rivas: Carmen Pano, su hija, Leonor María González Pano, Luis Alberto Escolano, socio de Aldama y Carlos del Castillo. El objetivo del mismo eran reunir más pruebas de su presunta implicación en el pago de mordidas dentro del fraude en el pago del IVA que está cifrado en más de 180 millones de euros en dos años.
Esta causa está siendo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, fuentes del caso subrayan a LA RAZÓN que muy pronto puede levantarse esta circunstancia para que todos los investigados conozcan las actuaciones y los cargos a los que se enfrentan. Leonor, la hija de Pano, quedó en libertad sin medidas cautelares.
Los agentes de la UCO practicaron la entrada y registro en los domicilios de los detenidos y en varias de sus empresas en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo. El objetivo de estas diligencias es obtener más documentación para la causa, que ayude a probar que los investigadores cometieron un fraude en el pago del IVA de 182 millones de euros en dos años. En el chalet en Las Rozas (Madrid) donde reside Carmen Pano se incautaron documentos que pueden ayudar a la investigación.
El registro en Sevilla fue en el domicilio de la hija de Pano, donde también se recogieron informes en relación con la empresa que pagó presuntamente el chalet de Ábalos. No hubo en ningún caso la retirada de dinero en efectivos pero si analizarán los dispositivos móviles por parte de la UCO. Sorprendió a los efectivos policiales la presencia de máquinas para contar billetes.
Otro de los aspectos era buscar dinero en efectivo oculto en estos lugares. Para ello, se utilizó la ayuda de los perros especialistas en este tipo de diligencias. Todas ellas fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Carmen Pano fue el nombre más mediático de las personas que fueron detenidas. Esta empresaria afirmó que había entregado sobres con dinero en efectivos en la sede central del PSOE en la calle Ferraz. Su nombre ya aparecía reflejado en un informe de la UCO del caso Koldo.
Pano acompañada de Claudio Rivas y tres personas más se entrevistaron con el director del gabinete del Ministerio de Industria el 14 de enero de 2021. Koldo fue el que intercedió para que se llevara a cabo esta reunión. La pretensión de Claudio era que su empresa Villafuel obtuviera la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor.
Una de las personas más cercanas con la que Aldama tenía contacto era con Leonor, la hija de Carmen. En un informe de la UCO, esta mujer afirma a Aldama: "Mira, a mi madre le han dado 5.000 euros por el mero hecho de darte el dinero". "Fíjate cómo cuidan a los que están con ellos", señaló en un mensaje.
Estas conversaciones revelan, según la Guardia Civil, que "desde el entorno de Claudio se habría producido un pago a Aldama por medio de Carmen Pano en virtud de la consecución de la entrevista solicitada".
Otro de los puntos registrados este lunes, fue en la sede en Calatayud (Zaragoza) de las empresas de Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo. Este hombre fue quien alquiló el piso que disfrutó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 J.R.G., la mujer con la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo por aquellas fechas "una relación particular", según la descripción que hace de la misma en un informe la Guardia Civil.
El último de los detenido por la UCO fue Carlos del Castillo, un empresario que en la actualidad se encuentra como socio único en Combustibles Lucinala S.L., que hasta la primavera de 2022 contaba en sus filas con Carmen Pano. Tiene una docena de cargos activos en diferentes sociedades.
La UCO de la Guardia Civil asegura que "esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude". Asimismo, el Instituto Armado define que la trama cuenta "con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente".
