La presión que ejerce Carles Puigdemont sigue marcando los pasos del Gobierno. Tras la tensa reunión que la delegación socialista mantuvo con Junts en Suiza el pasado viernes, el expresidente de la Generalitat amaga con romper con Pedro Sánchez si la Mesa del Congreso da carpetazo hoy a la cuestión de confianza. El último órdago en la negociación presupuestaria no puede agotarse tan pronto. Los posconvergentes han dado dos meses –el plazo de tramitación parlamentaria de la iniciativa– para que el PSOE cumpla sus compromisos pendientes. La posición del Ejecutivo se mantenía, hasta ahora, inamovible, y –tal como publicara este diario– la estrategia pasaba por rechazar la iniciativa aferrándose a un precedente de 2013 en el que el Congreso tumbó una propuesta similar, alegando que se trataba de una «moción de censura encubierta». «Hay que responder a los desafíos», señalaban en Moncloa, mostrando una posición de fuerza poco habitual en su relación con Puigdemont.
Sin embargo, en las últimas horas los letrados del Congreso han abierto la puerta a una nueva cesión a los independentistas. El informe, elaborado por los servicios jurídicos liderados por Fernando Galindo, señala que «el resultado de la votación de esta iniciativa (...) carecerá de impacto jurídico» por tratarse de una proposición no de ley (PNL), que no es vinculante, pero sí permite el posicionamiento político de cada partido. «Está todo muy abierto», resuelven fuentes parlamentarias consultadas por este diario, que emplazan al estudio y posterior decisión de la Mesa en su reunión de hoy. Según estas fuentes, hay varios escenarios de trabajo. El primero, con el que se trabajaba hasta ahora, pasaría por rechazar la iniciativa de Junts. Un portazo que supondría elevar el pulso contra Puigdemont. El segundo, la claudicación de admitir a trámite la PNL –lo que dijeron que no harían– y dejar que el balón corra en los dos meses de tramitación parlamentaria. Enero es inhábil y no se debatiría hasta finales de febrero o principios de marzo. Esto supondría un margen suficiente, el que pide Puigdemont, para que avanzasen las negociaciones y que, en último término, Junts pudiera llegar a retirar la iniciativa si prosperasen las conversaciones.
Pero no todo es blanco o negro, en la escala de grises hay otras dos posibilidades. La primera sería que la Mesa se diera más tiempo para estudiar su posicionamiento. «Ni siquiera tendrían que decidirlo hoy», apuntan las fuentes consultadas, señalando que el órgano rector de la Cámara podría dilatar la decisión, dado que hasta marzo no se fijaría el debate. La cuarta supondría rechazar la PNL, pero pidiendo a Junts que la «reformulara» en otra iniciativa que sí tuviera cabida para pulsar la confianza de la Cámara en el Gobierno. En todo caso, el informe de los letrados da una pista de aterrizaje que permite cualquier interpretación. «Es cuestión de voluntad política», resuelven. La del PSOE y Sumar que tienen mayoría absoluta en la Mesa para imponer su criterio.
En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los letrados siguen una línea parecida a la amnistía, donde mantuvieron una cierta ambigüedad para dar opción a la Mesa a votar a favor y en contra de la iniciativa. En este sentido, por un lado se hace énfasis en el instrumento empleado por Junts, una proposición no de ley que tiene alcance limitado, en el sentido de que, con «independencia del resultado final de su tramitación», no es «más que una toma de posición de la Cámara sobre asuntos variados (...), o lo que es lo mismo, declaraciones o manifestaciones de voluntad que no obligan jurídicamente a su destinatario y que no tienen carácter vinculante».
De esta manera, se abre la puerta a aceptar la iniciativa de Junts porque es una proposición no de ley y no va a obligar a Sánchez a presentar una cuestión de confianza pese a que se apruebe. En este sentido, cabe decir que, si se vota, muy probablemente salga aprobada porque el PP ya ha anunciado su «sí» y Vox también la respaldaría. Pero, por otro lado, el informe también deja margen a la Mesa para la interpretación negativa. «No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio que, probablemente, servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro».
Y, de hecho, da hasta algún argumento para avalar el «no» de la Mesa: en concreto, aduce que, aunque el órgano de gobierno debe velar «por los derechos fundamentales de los diputados y de los grupos parlamentarios, también le es propia (...) una función de salvaguarda del principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones» entre el Legislativo y el Ejecutivo.
