La Universidad de Costa Rica (UCR) afirmó este lunes que el Convenio de Budapest, utilizado como fundamento de un decreto presidencial para excluir a empresas como Huawei de proveer redes 5G en el país, no constituye un criterio técnico válido para el desarrollo tecnológico.
Según el informe de la UCR, el Convenio fue creado con el fin de tipificar delitos informáticos, facilitar investigaciones y orientar la regulación de ciberdelitos.
No obstante, su aplicación en la normativa costarricense “expone al país a dinámicas geopolíticas” que exceden las cuestiones de seguridad informática mencionadas por las autoridades.
El pronunciamiento surge tras la publicación del Informe Anual Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2024, elaborado por el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), de la UCR.
El decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT, emitido el 31 de agosto de 2023, creó un reglamento por medio del cual se obliga a Costa Rica a adquirir equipos y software 5G únicamente de empresas provenientes de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest en 2001.
Esta medida dejó fuera a compañías de países como China y Rusia, incluida la multinacional china Huawei.
El informe de Prosic señala que el decreto generó una “importante respuesta de diversos sectores”, incluidos congresistas, gremios empresariales, sindicatos y expertos en telecomunicaciones. Estos sectores alertaron sobre afectaciones al régimen de competencia y al principio de neutralidad tecnológica, ambos protegidos por la Ley General de Telecomunicaciones (N.º 8642).
“La publicación del reglamento también ha generado tensiones diplomáticas, involucrando al país en una dinámica geopolítica que va más allá de la seguridad informática mencionada por las autoridades”, indica el documento de la UCR.
La emisión del decreto fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos y criticada por China, lo que intensificó el conflicto.
Huawei ha defendido su posición. Asegura que cumple con las normas de competencia y posee un “historial sólido en ciberseguridad” en los 170 países donde opera, sin incidentes relevantes, incluida Costa Rica.
El 6 de febrero de 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José acogió una medida cautelar provisionalísima contra el decreto, lo cual dejó en suspenso sus efectos jurídicos.
La resolución paralizó temporalmente el proceso de licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el desarrollo de la red 5G, en la cual participaban ocho empresas, incluida Huawei.
La medida cautelar fue promovida por Carlos Stradi, presidente del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE).
Gobierno denuncia penalmente a auditora del ICE y a Huawei
El 11 de diciembre, el gobierno presentó una denuncia penal contra la auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca Flores, y contra Huawei Technologies Costa Rica S.A. Según el presidente Rodrigo Chaves, se les atribuyen presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y fraude de ley.
A Huawei y su apoderado generalísimo en Costa Rica, Yang Peng, también se les vincula en la denuncia con supuestos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Ese mismo día, la Embajada de China calificó de “sorprendentes” las declaraciones del gobierno costarricense y advirtió sobre posibles afectaciones a la imagen del país.
“La parte china está profundamente sorprendida por las declaraciones de la parte costarricense, que afirma estar ‘hablando de estos temas con un gobierno aliado’. 5G es clave para el desarrollo socioeconómico, por lo que los países deben tomar decisiones independientes y autónomas, pensando en el bienestar de su pueblo”, afirmó la sede diplomática.
La embajada también rechazó la “politización de cuestiones técnicas” y llamó a un trato justo e igualitario para todas las empresas.
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