Durante su campaña para las elecciones de 2025, Donald Trump ha reavivado el debate sobre la ciudadanía por nacimiento, un derecho protegido por la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Este principio otorga la nacionalidad a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Trump propone eliminar este derecho a través de una orden ejecutiva, una medida que ha generado críticas entre expertos legales y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Sin embargo, la implementación de esta propuesta no es tan sencilla como parece. Según especialistas en derecho constitucional, la idea enfrenta obstáculos legales, políticos y sociales que complicarían su viabilidad. En este artículo, analizamos los tres principales motivos por los que esta medida sería casi imposible de llevar a cabo.
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La propuesta de Trump forma parte de su plan migratorio para limitar lo que él considera "incentivos" a la inmigración ilegal. Según el expresidente, otorgar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados fomenta el llamado "turismo de nacimiento" y socava las leyes de inmigración. Durante su mandato anterior, Trump ya había planteado esta idea, pero nunca llegó a implementarla.
Actualmente, el expresidente ha reiterado su intención de firmar una orden ejecutiva que elimine la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, los expertos señalan que cualquier intento de cambiar este derecho enfrentaría desafíos inmediatos debido a las protecciones constitucionales y al sistema de contrapesos en Estados Unidos. A continuación, exploramos los tres principales obstáculos.
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La 14.ª Enmienda, ratificada en 1868, establece claramente que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos". Este principio fue diseñado para garantizar la igualdad de derechos tras la Guerra Civil y sigue siendo uno de los pilares de la Constitución estadounidense.
Modificar o reinterpretar esta enmienda requeriría un proceso legislativo extremadamente complicado. Según la ley, se necesitaría la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de al menos 38 estados. Dado el contexto político actual, donde el Congreso está profundamente dividido, este nivel de consenso es prácticamente inalcanzable.
Incluso si Trump intenta actuar mediante una orden ejecutiva, los tribunales podrían bloquearla rápidamente al considerarla inconstitucional, ya que no se puede contradecir una disposición tan clara de la Carta Magna.
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Cualquier intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento inevitablemente enfrentaría desafíos judiciales. La Corte Suprema de Estados Unidos, que históricamente ha defendido los principios de la Constitución, sería la última instancia en decidir sobre la validez de una orden ejecutiva como la que propone Trump.
Los expertos advierten que los jueces federales probablemente bloquearían esta medida desde las primeras etapas, ya que entraría en conflicto directo con precedentes legales establecidos. En el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), la Corte Suprema confirmó que los hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Además, cualquier acción de este tipo generaría una oleada de demandas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, lo que dificultaría aún más su implementación.
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La posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento genera incertidumbre entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Aunque la propuesta de Trump enfrenta obstáculos significativos, el simple hecho de plantearla podría aumentar el clima de miedo y desconfianza hacia las instituciones.
En un escenario hipotético donde esta medida avanzara, millones de personas podrían quedar en un limbo legal. Esto afectaría no solo a los hijos de inmigrantes indocumentados, sino también a aquellos con ciudadanía derivada, quienes podrían enfrentar problemas al intentar acceder a derechos básicos como la educación, el empleo o la atención médica.
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, esta propuesta no solo carece de fundamento legal, sino que también representa un ataque a los principios de igualdad y justicia que la Constitución busca proteger.
