El magistrado que investiga el "caso Koldo" en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido imponer a Víctor de Aldama, tras su declaración de este lunes como imputado, como medidas cautelares la prohibición de salir del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y la obligación de comparecer cada quince días ante la secretaría del alto tribunal.
El instructor en la Sala Segunda o de lo Penal de la causa en que se indaga en la trama de comisiones ilegales en las adjudicaciones públicas para el suministro de mascarillas ha accedido a imponerle unas limitaciones que fueron interesadas por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que lidera el PP.
En la práctica nada cambia para el comisionista ya que supone el mantenimiento de lo que ya acordó el pasado febrero el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tras su primera detención cuando estalló la "trama Koldo". La defensa de Aldama se manifestó conforme con la adopción de estas medidas cautelares.
El magistrado Puente señaló como "evidentes" los indicios de criminalidad que "persisten" para el empresario en cuanto a los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Unos indicios que, además, en este nuevo auto, entiende que "se refuerzan" por el contenido su comparecencia este lunes en la que confirmó "en lo sustancial lo que ya manifestó" en su declaración voluntaria en la Audiencia el pasado 21 de noviembre en que estrenó las acusaciones de cobro de mordidas contra miembros del Gobierno y cargos del PSOE.
Lo que desveló en ese primer momento le permitió salir de la prisión donde estaba de forma preventiva por otro fraude, el millonario de los hidrocarburos, que investiga paralelamente otro Juzgado de la Audiencia.
Ahora, por decisión del Supremo seguirá sin poder salir de España, sin tener en sus manos su pasaporte y teniendo que hacer acto de presencia, además de cada quincena, siempre que se le convoque, porque para el instructor resultan "precisas" para "asegurar" que Aldama "no pueda sustraerse de la acción de la Justicia" con la que mantiene un pacto de colaboración.
