El comisionista, que acudió al Supremo escoltado por el líder de Desokupa, asegura que tenían un papel de “recaudador” y que cobró hasta cuatro millones de euros por adjudicaciones con los que pagó mordidas al exministro, a su mano derecha y al PSOE
Aldama llega a declarar al Supremo acompañado por el líder de Desokupa
El empresario Víctor de Aldama ha comparecido este lunes como investigado en el Tribunal Supremo, donde ha llegado escoltado por Daniel Esteve, líder de Desokupa. El supuesto conseguidor de la trama de corrupción que presuntamente anidó en el Ministerio de Transportes en la época del socialista José Luis Ábalos ha ratificado sus acusaciones tanto contra el exministro como contra quien fuera su mano derecha en ese departamento, Koldo García, pero también ha implicado al PSOE el supuesto cobro de comisiones, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.
Durante alrededor de tres horas, el empresario ha tratado de desmontar la tesis de Ábalos, que el pasado jueves negó las mordidas que le atribuye el empresario y puso el foco en quien fuera su mano derecha. De acuerdo a las fuentes consultadas, el empresario ha relatado que él tenía un papel de “recaudador” y que cobró hasta cuatro millones de euros en comisiones de adjudicaciones de obra pública con los que, después, pagó mordidas al exministro, a Koldo García e incluso al PSOE.
En ese punto del interrogatorio, el juez le ha preguntado sí tenía pruebas de ese supuesto sistema corrupto que el empresario ha definido como “cupo” pero, por el momento, no las ha aportado. Sí ha proporcionado pantallazos en los que figurarían supuestos pactos para la adjudicación de obra pública. Además, ha cuantificado en 175.000 euros las comisiones que le habría pagado a Ábalos en varias entregas, alguna de ellas en la sede ministerial.
En su declaración ante la Audiencia Nacional, Aldama afirmó haber pagado comisiones dirigidas, entre otros, al hoy ministro y entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, al dirigente socialista Santos Cerdán y a un alto cargo de Hacienda, colaborador de la ministra María Jesús Montero. En el Supremo, el empresario ha ratificado estas acusaciones y ha asegurado que pagó el alquiler de hasta tres apartamentos turísticos en la capital de los que, según su testimonio, hacían uso Ábalos y Torres en compañía de mujeres.
Ante el juez Leopoldo Puente, el comisionista ha detallado también varios asuntos que ya han sido analizados por la Guardia Civil en la Audiencia Nacional: su cercanía a Ábalos y Koldo García, que ha retrotraído a 2018, cuando presuntamente ayudó al entonces ministro a hacer una visita oficial a México. Así, ha confirmado que su trato con ambos es previo a los contratos de mascarillas que fueron objeto de la apertura de la investigación.
Tras su declaración, el magistrado Puente le ha impuesto las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y la obligación de comparecer quincenalmente en el Supremo, tal y como reclamaron la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Partido Popular.
Aldama, al que la Guardia Civil identifica como el “nexo corruptor” de la trama, estaba citado este lunes por primera vez en el Supremo tras su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre. En esa comparecencia habló de entregas de dinero a Ábalos, a Koldo y Cerdán y trató de involucrar a media docena de ministros y a Sánchez sin, hasta ese momento, más indicios que su palabra.
Tras esa declaración, en una sucesión de acontecimientos que delata una planificación previa, su abogado solicitó al juez Santiago Pedraz, que lo mantenía en prisión por otra causa, que dictara su libertad. Por la tarde, en una decisión acordada por el fiscal del caso, Luis Pastor, y su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, el Ministerio Público trasladó al juez que no se oponía a su excarcelación. Salió de la cárcel menos de 12 horas después.
Días más tarde aportó un escrito al Supremo en el que afirmaba tener pruebas de esa confesión y elevó las sospechas sobre el exministro al asegurar que también recibió mordidas por amaños en contratos de carreteras licitadas por el departamento que dirigió entre 2018 y 2021. Sendos informes elaborados por el Ministerio de Transportes y por ADIF refutan esas acusaciones al no haber hallado irregularidades en los contratos denunciados por Aldama. “Ninguna tramitación ha devenido ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular”, recoge el documento técnico elaborado por el gestor ferroviario.
La declaración de Aldama se ha producido también después de que, el pasado jueves, Ábalos negara las mordidas que le atribuye el empresario, pusiera el foco en quien fuera su mano derecha, Koldo García, y se ciñera a su defensa.
Durante tres horas, el ahora diputado del Grupo Mixto se limitó a negar su implicación en la trama que supuestamente se lucró con contratos amañados y a desmentir que él se hubiera beneficiado de comisiones o prebendas ni por los contratos de mascarillas ni por los de carreteras. Lo hizo con un argumento similar: no era su competencia entrar al detalle ni de los contratos de material sanitario ni de los de carreteras que el comisionista ha puesto bajo sospecha.
A las pesquisas les queda todavía un largo recorrido, en el que se indagará en los millonarios contratos de mascarillas origen de la investigación, pero también se examinará si la trama extendió su influencia en otras adjudicaciones públicas. Está previsto que este martes comparezca en el Supremo Koldo García, que decidió guardar silencio la primera vez que se sentó delante de un juez por este caso. Está por ver si ahora cambia de estrategia.
