La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha mostrado su preocupación por la delegación de competencias que pretende realizar el Ministerio de Sanidad al Ministerio de Hacienda en relación con la modificación del régimen de copago farmacéutico contemplado en el Borrador del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
El documento, que hizo público este periódico hace un par de dias, detalla que Sanidad establecerá, cada dos meses, un precio para cada agrupación homogénea de medicamentos sustituibles en base a las ofertas ciegas de las compañías. Es decir, que unas no saben lo que ofrecen las otras. Esto es lo que se conoce como sistema de subasta continuada, que está inspirado en el modelo sueco, un país con un sistema de financiación muy distinto al español y que, entre otras particularidades, prácticamente no tiene fabricación local de medicamentos fuera de patente.
De esa selección, saldrán tres "categorías" de fármacos: el medicamento con el precio más bajo –que el Sistema Nacional de Salud (SNS) financiará al 100%– una agrupación con medicamentos con precios seleccionados dentro de un rango de precios y una agrupación de medicamentos no seleccionados.
En tercer párrafo del punto 2 de artículo 99 del Borrador se especifica que "cuando la elección (del médico que lo prescribe) sea uno de los medicamentos no incluidos dentro de la lista de precios seleccionados para la financiación por el Sistema Nacional de Salud, el paciente abonará la parte del precio que le correspondería, de acuerdo con su aportación según se recoge en el artículo 120 de esta ley, si se dispensara el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea, más la diferencia de precio entre éste y el medicamento elegido".
Es aquí donde se estipula, de un modo velado, un copago "extra" para los pacientes que quieran mantener la medicación prescrita por su especialista, que puede que, en un momento dado sea la de precio más bajo pero, en dos meses, ya no lo sea, por una decisión basada únicamente en motivos económicos.
En el texto también se prevé la creación de nuevos tramos de renta con el objetivo de reducir en las rentas más bajas el dinero que pagan los ciudadanos por los medicamentos con receta y aumentar esta aportación entre las rentas más altas, según explicó el pasado sábado el segundo de Mónica García, Javier Padilla. Desde 2012, los tramos de renta para el copago son tres: rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan el 40%; las de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y las de más de 100.000, que desembolsan el 60%.
La reforma propone crear nuevos tramos de rentas bajas: de hasta 9.000 euros y de 9.000 a 18.000 euros, que tendrán que contribuir con el 40%; y de 18.000 a 35.000, en cuyo caso pagarán el 50%. Además, se introducen límites de aportación mensual, que será de 8,27 euros en el primero; de 18,52 euros en el segundo; y de 61,75 euros en el tercero.
"Han delegado parte de sus competencias en el Ministerio de Hacienda, lo cual nos preocupa porque desde luego no hay otra cosa en la que pensemos los consejeros como gestores que en ser eficientes y en invertir el dinero que se dedica a Sanidad lo mejor posible, pero no creemos que sea Hacienda y la Comisión Delegada de Hacienda la que tenga que decidir primero qué fármacos y qué tecnología debemos tener", ha señalado Matute.
En este sentido, ha calificado lo que aparece en el texto del Borrador como "una barbaridad" y ha destacado que a los responsables del Ministerio "no les gusta, ni saben, trabajar ni gestionar", ya que, a su juicio, este caso es un "nuevo indicio" de cesión de "competencias básicas y fundamentales" a otros compañeros por parte de la cartera dirigida por Mónica García.
