El coronel Harvey Colchado fue pasado al retiro. La orden fue firmada por el ministro del Interior, Juan José Santivañez, y se justificó bajo el argumento de una "renovación de cuadros". Cabe recordar que Colchado fue el efectivo de la PNP encargado de allanar la casa de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024 por el caso Rolex. Además de Colchado, el efectivo PNP Walter Lozano también fue pasado al retiro.
"Pasar, con fecha 1 de enero de 2025, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del Perú Harvey Julio Colchado Huamaní, de la Situación Policial en Actividad a la Situación Policial de Retiro, por la Causal de Renovación de Cuadros mediante proceso regular, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución", se lee en la resolución del oficio publicado.
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El retiro de Colchado había sido comentado desde hace varias semanas, luego de que un informe de La República revelara las intenciones de resolver la situación jurídica del coronel Colchado en su contra. Esta acción estaría motivada como represalia por su rol activo en la investigación de la presidenta Dina Boluarte en el caso Rolex y en la captura del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, por el caso Waykis en la Sombra. La excusa utilizada para justificar el procedimiento disciplinario contra el coronel fue la difusión, a través de WhatsApp, de la fotografía de una torta que supuestamente representaba el allanamiento a la casa de la jefa de Estado.
Colchado, quien había venía siendo relegado progresivamente en sus funciones policiales, llegando incluso a desempeñarse en especialidades alejadas de su rol, como policía de tránsito durante el Foro APEC 2024, había recusado al presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina Policial, Jesús Soller Rodríguez, y a los vocales Juan Merino Medina y Jesús Julca Alcázar, con la esperanza de que fueran apartados del proceso disciplinario en el que estaba implicado. Sin embargo, dicha acción parece haberse frustrado con las medidas adoptadas en su contra.
El abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, consideró que las acciones tomadas contra su patrocinado representan una injusticia: "Ha habido toda una orquestación de un abuso programado y estructurado (...) Lo único que hace esta resolución publicada el día de hoy es concretar un plan diseñado para el abuso y la arbitrariedad, y también para la represalia y la venganza contra estos dos efectivos policiales (Colchado y Lozano)".
"Esto representa un desperdicio del presupuesto público, considerando la formación de los policías mejor preparados que existían en este tema. Pero bueno, este Gobierno (de Dina Boluarte) está acostumbrado a hacer eso: deshacerse de lo mejor, quedarse con lo peor y malgastar el dinero público", explicó.
Pérez Arroyo consideró que esto es parte de la represalia contra el coronel Colchado llevada a cabo por ciertos sectores del Gobierno: "Esperábamos una pizca de racionalidad. Se esperaba que el Gobierno tenga algo de racionalidad, pero no lo tiene. (...) Está claro todo lo que quieren hacer en este plan estructurado, que es lo que iba a ocurrir (...). El coronel Colchado es un policía con ocho años de antigüedad. Pero esta antigüedad es en función de los méritos o ascensos por méritos que ha tenido. Esto finalmente es un desincentivo para los policías que quieren hacer las cosas bien", declaró.
