El Instituto Nacional de Seguros (INS) advirtió al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, del alto riesgo que conllevan las pólizas para proteger al mandatario y sus ministros frente a posibles demandas por negligencia en el ejercicio de sus funciones. Según le explicó, esta situación hace que exista un escaso interés en el mercado internacional de reaseguradoras para respaldar este tipo de garantías, por la alta probabilidad de que ocurran los eventos que el seguro estaría diseñado para cubrir.
La empresa estatal también informó al vicepresidente de que no disponía de una póliza específica para proteger a los integrantes del Poder Ejecutivo. Asimismo, indicó que la creación de un producto como el solicitado por el gobierno implicaría una prima muy elevada y, aun así, no ofrecería cobertura para la mayoría de las demandas potenciales que podrían enfrentar los miembros del gabinete.
Todos estos señalamientos del INS constan en una minuta del 9 de mayo del 2023, elaborada por el despacho del vicepresidente de la República, luego de una reunión virtual en la que participaron Brunner, su asesor Carlos Ávila y funcionarios de la empresa estatal, cuyos nombres no fueron detallados en el documento.
Como alternativa, el INS recomendó “la creación de una póliza colectiva o de un fondo”. El costo estimado de la prima para esta propuesta sería de ¢1.500 millones anuales.
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No obstante, en octubre de este año, trascendió que el Ministerio de Hacienda contrataría al INS una póliza por un costo mucho menor, para proteger al presidente, sus vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que enfrenten litigios o sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos. El monto de la prima es de ¢248 millones.
Las manifestaciones del INS en la reunión con Brunner sobre la inexistencia de una póliza como la solicitada por el gobierno, también contrastan con lo que la empresa ha sostenido desde que salió a la luz pública, el 26 de octubre, que estaba en trámite el proceso de contratación del aseguramiento.
El 29 de octubre, el INS indicó a La Nación que la póliza ofrecida al gobierno se vende desde antes de la apertura del mercado de seguros y fue inscrita en el año 2010 ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
En esa misma comunicación, la oficina de prensa del INS afirmó que existen instituciones del sector público que cuentan con el servicio desde hace muchos años, aunque la mayoría de los clientes que han asumido esta protección son del sector privado. Detalló que la empresa cuenta con 41 pólizas de este tipo colocadas.
El INS rehusó compartir los nombres de las organizaciones o instituciones contratantes, bajo el alegato de que se trata de “información confidencial”.
El 95% de la póliza está cedida a un reasegurador, cuyo nombre el INS se negó a brindar, por ser datos protegidos, “ya que constituyen un elemento estratégico de la operación comercial” de la empresa.
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En cambio, de acuerdo con la minuta de mayo del 2023, el INS comunicó a Brunner “que se debe tener en cuenta que este tipo de póliza (para proteger a jerarcas) es de bajo interés por parte de las reaseguradoras, esto por las altas posibilidades de que ocurran los eventos indicados en la póliza”.
“Al no tener claridad de quién reasegura, el INS no ha creado ningún seguro relacionado con este tema, según indica la representante de la entidad. Aun creando un seguro, la prima de este sería muy alta y además no cubriría la mayoría de las demandas que reciben los jerarcas, directores, policías, etc., en el ejercicio de su función”, agrega el documento de una página.
Sin embargo, 17 meses después, el panorama cambió. El INS remitió al Ministerio de Hacienda, el 7 de octubre del 2024, su oferta para la contratación de un seguro de responsabilidad civil para jerarcas, por medio del oficio DCCE-10317-2024.
En el citado documento se incluyó el pago por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Además, cubre las sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.
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Igualmente, se estableció un límite por persona hasta de $500.000 al año, mientras que el agregado anual no podrá superar los $3 millones.
Otra minuta del despacho del vicepresidente Brunner, con fecha del 15 de enero del 2024, indica que “el monto total se dividirá entre los 87 jerarcas para los que se cotizó”. Sin embargo, la oferta que presentó el INS, oficialmente, es solo para 65 funcionarios.
En ese documento, se menciona que la empresa reaseguradora OneGlobal va a incluir una lista con todas las instituciones que son parte de la póliza, “esto para facilitarle al INS la verificación y facturación de a cuáles se les debe emitir los recibos correspondientes para los pagos”.
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El primer punto de acuerdo o propuestas consignado en la minuta, es que OneGlobal “indica que el monto total de la prima se encuentra dividido de la siguiente forma, el 70% corresponde al Consejo de Gobierno y el 30% a las instituciones autónomas”.
El segundo elemento es que “Hacienda va a conversar con el procurador (general de la República) para definir quién será el “tomador” (a nombre de quién sale la póliza)”.
En esa sesión estuvieron presentes Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Mónica Araya, entonces presidenta ejecutiva del INS y quien fue destituida en mayo del 2024, así como Gabriela Chacón, actual jerarca de la empresa estatal de seguros y quien fungía en ese momento como asesora de la presidenta ejecutiva. Igualmente, participaron Esau Ramírez y Ricardo Retana, ambos de OneGlobal.
