El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite este lunes la demanda por lesión al honor que presentó por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
La Sala Primera o de lo Civil ha acordado sustanciar la acción legal del novio de Ayuso por los trámites del juicio ordinario, después de que fracasase el acto de conciliación al que estuvo emplazada en un primer momento la también ministra de Hacienda.
El alto tribunal le da a través de un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que ejerce como magistrado ponente a Pedro José Vela Torres, un plazo máximo de 20 días para que presente las alegaciones que considere a través de su abogado y con procurador. En el caso de que haga caso omiso y no conteste a la demanda, el procedimiento contra ella continuará estando declarada en rebeldía.
El empresario le reclama una indemnización de 40.000 euros por el contenido de las declaraciones que públicamente hizo sobre él y con las que supuestamente dañó su honor el pasado 12 de marzo y los días 3, 23 y 24 del último octubre. Le exige, asimismo, a la vicesecretaria general del PSOE que rectifique sus palabras.
Aquella jornada del pasado marzo, la vicepresidenta Montero aseguró durante una sesión de control al Gobierno en el Senado que la presidenta madrileña "está viviendo en un piso que pagó con fraude a la Hacienda Pública", en alusión a la investigación por fraude fiscal que mantiene abierta en su contra González Amador.
El pasado 3 de octubre, tras no presentarse la Abogacía del Estado, que se encarga de la representación legal de Montero, en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid en el que estaba citada su defensa con el fin de alcanzar un acuerdo con el novio de Ayuso para evitar que la demanda siguiera adelante, Montero reaccionó asegurando que "es obvio que la pareja de Díaz Ayuso se enriqueció en uno de los peores momentos que hemos atravesado en este país, como fue la pandemia".
Palabras que acompañó con la afirmación de que "es obvio que él mismo ha reconocido ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado que cometió un delito fiscal y ha aceptado, me parece recordar, unos meses de cárcel y la imposición también de una multa en torno al medio millón de euros".
Semanas después, el día 23, la ministra socialista defendió que los gastos declarados ante la Agencia Tributaria por el empresario supuestamente con el fin de pagar menos impuestos son "absolutamente impensables y extravagantes" y señaló que para ella prueban que "sabía perfectamente que lo que estaba haciendo no es correcto".
Un día más tarde, Montero opinó que es "evidente que los hechos que vamos conociendo porque lo publican los medios de comunicación son hechos muy graves que ponen de manifiesto un modus operandi, una manera de entender la vida, los negocios y la empresa, que su pareja vive".
Para, seguidamente, volver a insistir en que González Amador "se enriqueció durante la pandemia con la venta de material sanitario, intento defraudar a la Hacienda Pública y, ahora, parece ser que hay indicios de que haya hecho otras cuestiones como corrupción en negocios".
Lo cierto es que el empresario está siendo investigado por haber presuntamente defraudado 350.000 euros a la Agencia Tributaria en dos ejercicios, los de los años 2020 y 2021, a través de la declaración del Impuesto de Sociedades. También está imputado por un delito de falsedad documental por haber supuestamente presentado facturas manipuladas para reducir el pago de impuestos que no se correspondían con los servicios que realmente habría prestado.
