La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en estos momento llevando a cabo un registro en la sede social de varias empresas de uno de los socios de Víctor Aldama, Luis Alberto Escolano, por su papel en el fraude de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, tal y como han podido confirmar fuentes de la investigación a LA RAZÓN.
La operación, que ha contado con un fuerte despliegue de medios policiales, se está llevando a cabo en un piso del bloque número 3 de la calle San Miguel del municipio zaragozano de Calatayud este lunes desde primera hora de la mañana, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y presencia de efectivos del servicio cinológico.
Los agentes buscan dinero en efectivo y documentación en la que son las primeras actuaciones contra Escolano como imputado por su presunto papel en la "trama del fuel" que defraudó más de 182 millones en IVA y que investiga el magistrado Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
Escolano tiene registradas aquí cuatro de las ocho empresas en las que figura como administrador: Serma Elecom, Proyectos Orense, Solpack Hispania y Mosquito Blue Start. Esta entrada y registro no tiene relación, según ha podido saber este diario, con las pesquisas del "caso Koldo" en el que también está imputado ante la Audiencia Nacional.
Escolano, que en su día fue el vicepresidente del Zamora Club de Fútbol cuando Aldama lo dirigía, fue la persona que, por orden del comisionista, abonó durante dos años el alquiler de 2.700 euros mensuales -un total de 90.000 euros- del apartamento en que residía Jéssica Rodríguez, la que era pareja de José Luis Ábalos, en el edifico Torre Madrid de la madrileña plaza de España.
Como informó este diario, en su declaración como investigado por su papel en la "trama Koldo" negó que alguna de sus sociedades hubiese facturado a empresas del sector sanitario y se desvinculó de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas a Canarias y Baleares.
También indaga el instructor del caso la Audiencia, el magistrado Ismael Moreno, en si, como puso de relieve la UCO, ejerció de testaferro de Aldama en una empresa radicada en Portugal que el empresario habría utilizado para "ocultar su patrimonio" a la Hacienda española.
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