A lo largo de varias décadas, se ha intentado producir electricidad exclusivamente con recursos renovables, pero la realidad es que cada vez se recurre más al petróleo y al gas.
El problema radica en el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que se inclina hacia la generación térmica.
El resultado de la quema de combustible para generar energía disminuye nuestra ventaja competitiva.
El argumento del ICE es que la hidroelectricidad se ha vuelto costosa, riesgosa, compleja y exigente en capital.
Mas lo cierto es que la otrora ejemplar institución perdió su capacidad de emprender proyectos de envergadura.
El ICE es, en sí mismo, grande, complejo y costoso, sin el músculo necesario para explotar la energía solar, eólica o hidroeléctrica de pequeña escala. Por tanto, la labor debe recaer en el sector privado, las municipalidades y las cooperativas. El ICE jamás logrará hacerlo a costos bajos.
Debemos analizar la posibilidad de incorporar la participación de capital privado, de forma minoritaria, en el ICE, como sucede con empresas eléctricas en Europa.
Hay que aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología de punta, el abaratamiento de los paneles solares y las baterías, y las plantas eólicas.
El estímulo a la generación distribuida a través de microrredes debe ser una meta del país. Hoy más que nunca, debemos apoyar las alianzas público-privadas para aumentar la inversión en tecnologías amigables con el ambiente. Es un terrible error mantener un Estado empresario y no estratégico.
Para diversificar la matriz energética, es necesario contar con una institución técnica dedicada exclusivamente a la planificación.
El consumo de derivados del petróleo, que representa el 67 % de la energía y el 21 % de la electricidad, es insostenible. En este 2024, habremos importado 20 millones de barriles a un costo de $2.200 millones.
Otro escollo para alcanzar el objetivo de cero emisiones es el transporte, principal demandante de petróleo, que incide en la obsoleta movilidad y la contaminación.
No cabe duda de que, mientras impere el monopolio del ICE y la distribución a cargo de su subsidiaria, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), más algunas empresas, municipalidades y cooperativas, ningún empresario estará dispuesto a ofrecer energía en mejores condiciones, y estaremos sujetos a decisiones políticas.
Si bien la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se preocupa por la calidad de la energía en las diferentes etapas, el precio se establece con base en los costos y un plus, sin considerar la competitividad.
Nuestro modelo está prácticamente orientado a proteger al productor y no al consumidor.
La tarifa eléctrica industrial es cada vez menos competitiva, y se anuncia un aumento debido al mayor consumo de derivados del petróleo, agravado por la volatilidad de los precios.
No podemos seguir secuestrados, en gran parte, por una institución como el ICE, que depende de decisiones políticas y no técnicas.
Los últimos proyectos de generación del ICE terminaron costando muchos millones de dólares adicionales a lo presupuestado, los cuales pagamos los abonados mediante el aumento de las tarifas.
Es preocupante que el ICE, a pesar de tener un marco jurídico flexible y un mercado asegurado, no haya logrado incrementar su competitividad, algo que solo es posible en un mercado con competencia.
No parece que el Congreso y el Poder Ejecutivo sean conscientes del grave daño que causan al sector productivo, a las inversiones y al empleo los altos costos operativos.
Es necesario permitir negociar energía con cualquier proveedor y abrir el acceso al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac).
El Siepac representó una gran inversión para intercambiar energía con países vecinos, por lo que sería acertado dar luz verde a productores y grandes consumidores para negociar en este mercado.
Además, todas las redes de transmisión deben utilizarse para abrir la competencia. En un mercado de energía sin privilegios y con costos razonables de operación, atraeremos más inversión.
Pero se requiere transparencia, competencia, mejorar la fijación de precios, eliminar la injerencia política, tener visión a largo plazo, infundir confianza en los inversionistas, transformar la movilidad vehicular, fomentar la inversión privada en generación distribuida y almacenamiento, y promover alianzas público-privadas para proyectos eléctricos.
La Ley 7200 autoriza al ICE a desarrollar proyectos BOT (construcción-operación-traspaso), pero no ha funcionado, por lo que debe reformarse para permitir mayor flexibilidad en la generación de energía renovable.
Solo con grandes cambios en la visión y el campo de acción del ICE tendremos una institución modelo y competitiva a largo plazo.
jorgewgm@gmail.com
Jorge Woodbridge es ingeniero.
