La mayoría de los que la vieron habrán olvidado la trama de La comezón del séptimo año, la película de Billy Wilder que data de 1955. Pero todos recordarán la secuencia en la que Marilyn Monroe, de 28 años, conversa animadamente con Tom Ewell mientras caminan por una acera de Nueva York: repentinamente, el aire que sale por la rejilla del suelo le sube la falda a la actriz y descubre su cuerpo. “¿Te gusta la brisa del metro?”, pregunta ella entre pícara e inocente.
¿Nos gustan los aires que están levantando las faldas de nuestras rutinas políticas, que ya son más que septuagenarias?
Proponía en mi anterior columna que conviene a los órganos técnicos del Estado permanecer en sus cuarteles y hacer allí bien su trabajo. En los productos de esta clase de órganos perciben algunos, con razón o sin ella, la manifestación de sesgos que se explican por las demandas de la lucha política.
Así, por ejemplo, refiriéndose a la función jurisdiccional, en otras latitudes se ha hecho la cruda observación de que detrás de los excesos que se achacan a la práctica de esa función está una supuesta técnica de control judicial, la ponderación, o de su perfeccionamiento bajo la idea de control de proporcionalidad: ambas, se ha dicho, sirven para dar una apariencia de restricción a lo que solo es voluntarismo judicial.
Otra de las consecuencias atribuidas al hecho de que los órganos técnicos se deslicen al territorio de la controversia pública y de que sus atribuciones y competencias desempeñen un papel en ese tinglado es el tono impeditivo que prima demasiadas veces en la interpretación y la aplicación del derecho, tono que empodera a esos órganos, pero retarda la actividad pública en áreas tan importantes como la producción y el trabajo.
Es digna de que se le saque provecho la frase de Dennis Lehane que dice que si no te equivocas, es que no estás aprendiendo. A la larga, los inconvenientes que comento solo son signos del inevitable reajuste o la reformulación que por gracia del tiempo sufren muchos de los postulados en los que descansa el Estado de derecho, tal como lo conocemos.
O tal vez, la distinción entre órganos técnicos y políticos es un velo tendido sobre el hecho de que todo es lo mismo, pero de manera diferente.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
