El Congreso de la República iniciará el lunes 16 de diciembre la última semana de representación del 2024, periodo en el que los legisladores se desplazan a las regiones que representan para cumplir con lo estipulado en el inciso f del artículo 23 del Reglamento del Legislativo, que establece que los parlamentarios deben realizar actividades de representación durante cinco días laborables continuos al mes.
Estas labores finalizarán el viernes 20 de diciembre e incluyen atender denuncias de la población, fiscalizar a las autoridades locales, mediar entre ciudadanos y entidades del Poder Ejecutivo, y procesar las necesidades sociales conforme a la normativa vigente. Además, el reglamento del Congreso también señala que la semana de representación no debe ser utilizada para realizar actividades destinadas a obtener privilegios para personas o grupos específicos.
En las últimas sesiones del Pleno del Congreso, se aprobaron cambios significativos en el marco legal relacionado con la lucha contra la criminalidad y la corrupción. La primera fue la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, aprobada el sábado 14 de diciembre con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.
Ello tras la polémica Ley 32181, que eliminaba la figura de la detención preliminar. Con este pedido de restitución, se modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, permitiendo que los jueces puedan ordenar detenciones preliminares siempre que presenten elementos razonables que vinculen al acusado con delitos cuya pena sea mayor a cuatro años.
PUEDES VER: Canal del Congreso reconoce error en ley de detención preliminar: "Facilitaba impunidad de delincuentes"
Por otro lado, el Congreso aprobó en primera votación un texto sustitutorio que debilita el proceso de extinción de dominio, una herramienta clave en la recuperación de bienes provenientes de actos ilícitos como la corrupción y el crimen organizado. La votación, realizada el viernes 13 de diciembre, tuvo 55 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones, con el respaldo mayoritario de Fuerza Popular y Perú Libre.
Las modificaciones en la extinción de dominio fueron cuestionadas por el Poder Judicial, quienes se pronunciaron sobre la medida con 'profunda preocupación y rechazo'. "Si bien comprendemos y valoramos la intención de mejoras de procedimientos relacionados con la extinción de bienes ilícitos, consideramos que las reformas planteadas dan la espalda a compromisos internacionales y carecen de la profundidad técnica y necesaria para garantizar el fortalecimiento de este mecanismo crucial en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otras actividades ilícitas", se lee en el comunicado.
