La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) descubrió seis túneles y cuatro tomas ilegales más, conectados al poliducto en Moín y Liverpool, Limón, cerca de donde el OIJ y esta institución efectuaron operativos para desarticular a grupos organizados dedicados al robo de combustible, el martes 10 de diciembre.
Ese día, las autoridades lograron desarticular tres bandas responsables de sustraer al menos ¢5.000 millones en hidrocarburos. No obstante, en menos de 24 horas, el equipo especializado de Recope encontró más conexiones ilegales.
La presidenta de Recope, Karla Montero, señaló que las organizaciones delictivas están constantemente adaptándose.
“Es indignante que al eliminar las tomas internas y realizar importantes despliegues judiciales, los delincuentes recurran a otros métodos que ponen en riesgo las comunidades, el ambiente y la seguridad energética del país”, comentó.
Las tomas ilegales, así como los túneles, fueron descubiertos gracias a información confidencial que ingresó a la línea gratuita y confidencial 1-0-0-2.
Recope hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa. “El trabajo incansable de Recope junto con el apoyo de la ciudadanía sigue dando frutos. Vamos a seguir en alerta para seguir luchando contra este delito”, agregó Montero.
El martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Recope llevaron a cabo operativos en Moín, Guápiles, Alajuelita y otras localidades, donde detuvieron a 10 sospechosos.
Según las investigaciones, las bandas utilizaban propiedades cercanas a la terminal de Moín para perforar el poliducto y extraer combustibles, que luego eran transportados en camiones cisterna y otros vehículos. Las autoridades también identificaron la supuesta colaboración de funcionarios de la Refinadora y una empresa privada en las operaciones ilegales.
Tres bandas criminales sustrajeron ¢5.000 millones en combustibles de Recope en dos años
El impacto económico de estas operaciones ilícitas es significativo, ya que los cálculos de la institución indican que el perjuicio económico supera los ¢5.000 millones en dos años.
