En un contexto de creciente tensión política, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido movilizar a las fuerzas armadas y a la policía en diversas regiones del país. Esta acción se justifica oficialmente como parte del proceso de elección de los jueces de paz, pero muchos analistas ven en ello una estrategia para consolidar el control del gobierno ante la inminente fecha del 10 de diciembre, cuando se llevarán a cabo estas elecciones. Desde distintas localidades, se han reportado la presencia de uniformados, lo que ha generado inquietud entre la población.
Durante un acto de condecoraciones, Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del régimen, se refirió a la situación del país como una “Venezuela bajo asedio”. Sus declaraciones reflejan la percepción del gobierno sobre la presión interna y externa que enfrenta, así como la necesidad de mostrar una imagen de fortaleza y unidad en medio de la crisis. La movilización de las fuerzas armadas se presenta como una respuesta a lo que el régimen considera amenazas a su estabilidad.
La elección de los jueces de paz, programada para el 10 de diciembre, ha suscitado críticas y desconfianza entre sectores de la oposición y la sociedad civil. Muchos consideran que este proceso está diseñado para legitimar el control del régimen sobre el sistema judicial, que ha sido objeto de cuestionamientos por su falta de independencia y transparencia. La presencia militar en las calles podría interpretarse como un intento de intimidar a posibles opositores y garantizar que el proceso se desarrolle sin contratiempos.
La expectativa sobre el papel que jugarán las fuerzas armadas en este contexto es alta. Históricamente, el ejército ha sido un pilar fundamental del régimen de Maduro, y su lealtad es crucial para la continuidad del gobierno. Sin embargo, la movilización de tropas en un ambiente electoral puede generar tensiones adicionales, tanto dentro de las fuerzas armadas como en la población civil. La situación se complica aún más por la crisis humanitaria que atraviesa el país, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de un proceso electoral que se desarrolla en medio de un clima de represión y control militar.
