Basta una rápida revisión en redes sociales para hallar numerosas páginas y grupos dedicados a la venta de cachorros de “raza” por cientos de miles de colones cada uno, la mayoría de los cuales opera sin Certificado de Operación Veterinaria (CVO), de acuerdo con los registros de la Secretaría Nacional de Salud Animal (Senasa).
Las imágenes colocadas por los administradores de esos perfiles muestran hermosos cachorros de salchichas, chihuahuas, beagles, bulldog inglés, shit tzu, pastores alemanes, boxers y muchas otras. Sin embargo, tras las adorales fotos se esconde un negocio millonario de establecimientos o personas que incurren en maltrato animal, crueldad, violación de la legislación vigente y estafas.
Ese es el caso de Alastor, un pug rescatado en agosto de un criadero irregular ubicado en Cartago. Su salvador fue un hombre al que llamaremos José, para proteger su identidad. Al momento del rescate, Alastor tenía dos meses y un ojo totalmente desorbitado por problemas de úlceras, situación que lo convertía en un ejemplar imposible de vender.
Por esa razón fue que una mujer, a quien José no pudo identificar, lo ofreció en un chat de Whatsapp en el que hay cientos de personas interesadas en adoptar y ayudar perros.
“Esa muchacha era como intermediaria entre los miembros del grupo y el criadero, pero yo creo que ella realmente, era parte del criadero (...) Yo mandé a una amiga a traerlo y nada más le dijeron: ‘tome, lléveselo’.
“Tuvimos que hacer una rifa para operarlo. Ese ojito, obvio, lo perdió, no había nada que hacer por ese ojo (...) Los pugs ya son una raza con problemas genéticos, pero además, hay gente que cruza ejemplares que son familia y eso afecta aún más. A este perrito, por ejemplo, no le bajaron los testículos, luego nos dimos cuenta de que el otro ojo también estaba comprometido, pero por dicha lo llevamos al médico a tiempo”, relató.
Alastor, bautizado así por el personaje de Harry Potter que solo tiene un ojo, requiere gotas para humectar la vista. También, necesita una cirugía porque su nariz es más estrecha que los ejemplares promedio de su especie.
“Por donde sea que se vea, él es un mal cruce”, enfatizó el adoptante de Alastor.
Olga, otra rescatista que pidió reservar su identidad para evitar represalias, narró cómo en diciembre de 2023 sacó de una vivienda en Alajuelita, San José, a 28 chihuahuas que tenían para sacarles crías. Los animales, según la mujer, estaban desnutridos, con problemas de piel, males cardíacos y permanecían hacinados en una habitación de cuatro metros cuadrados.
La rescatista manifestó que llegaron a ese sitio por quejas de vecinos que reportaban malos olores y ruido. Para poder sacar los animales, llevaron una carta de un abogado, persuadieron al hombre que los tenía y le advirtieron de que, en caso de no entregarlos, llamarían a la Fuerza Pública para levantar un acta de lo sucedido.
“Solo logramos sacar 28 perros, porque el hombre se empezó a poner violento, pero yo calculo que ahí había 45”, expresó Olga, quien forma parte de una asociación dedicada a rescatar animales.
Claudia Anfossi, veterinaria especialista en temas de crianza y reproducción de animales, lamentó que personas o negocios reproduzcan animales sin antes realizar pruebas de salud para corroborar el estado de los machos y hembras ni evaluar su conducta como agresividad o reactividad.
Además, declaró que la reproducción responsable debe incluir análisis genéticos para asegurar la raza y prevenir males a futuro.
Las estadísticas de Senasa demuestran que el caso de Alastor y los chihuahuas no son aislados. Solo entre enero de 2021 y setiembre de 2024, recibió 508 denuncias sobre criaderos de perros que operaban irregularmente; las quejas de ese tipo aumentaron un 45% entre 2021 y 2023.
A pesar del número de casos, son pocos los sitios en los que Senasa interviene y logra corroborar maltrato o crueldad animal. La entidad declaró que dispone de 103 inspectores para todo el país, pero señaló que esos funcionarios no están dedicados exclusivamente a supervisar criaderos de animales de compañía, sino que deben atender programas de vigilancia de enfermedades, visitas a fincas y granjas, toma de muestras para control de epidemias y revisión de veterinarias, entre otros.
Desde el lunes 9 de diciembre, La Nación solicitó una entrevista con Senasa para hacer consultas sobre este tema, pero al cierre de esta información la institución no había aceptado la petición.
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Desde 2019, Senasa apenas ha cerrado seis criaderos ilegales de animales de compañía. Los pocos cierres contrastan con la cantidad de perros y gatos hallados en ese tipo de lugares, pues los datos oficiales señalan que en esas seis intervenciones se decomisaron 183 animales de esas dos especies.
Los cierres se realizaron en los cantones de Cartago, La Unión, Palmares, Desamparados, Limón y Siquirres. En este último, el criadero está relacionado con una exdiputada de apellidos Díaz en el que se hallaron, en diciembre de 2017, 35 perros en condiciones “deplorables”, según comunicó Senasa en esa ocasión.
De los seis cierres mencionados por Senasa desde 2019, solo en el lugar vinculado con la exdiputada se logró una sanción del Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionatorio por ¢645.000. Senasa no logró responder si esa multa ya fue cancelada o no.
En el caso del criadero ilegal detectado en La Unión, el asunto se trasladó al Juzgado Contravencional y se le impuso al propietario 30 días de multa, pero la entidad tampoco precisó si ese castigo se cumplió.
A través de la oficina de prensa, la Secretaría Nacional de Salud Animal indicó que en caso de recibir una denuncia de criadero clandestino, el procedimiento señala que se debe realizar una inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal y su reglamento. Dependiendo de lo que encuentre, se pueden fijar órdenes sanitarias, cierres, cancelación del CVO o decomiso de animales, entre otras medidas.
De acuerdo con Senasa, la operación de un criadero ilegal de perros y gatos representa una falta administrativa y no penal. Sin embargo, las condiciones en las que se encuentren las especies podrían considerarse crueldad animal y, por ende, ser tipificadas como un delito.
En setiembre, los diputados aprobaron una reforma al artículo 279 bis del Código Penal, el cual sanciona la crueldad animal con penas de tres meses a un año de prisión. Los legisladores incluyeron en esa normativa a los propietarios y trabajadores de sitios dedicados a la crianza, reproducción y venta de animales de compañía que causen un daño “persistente” en la salud de los animales.
Como crueldad animal, la legislación también contempla a quienes les provoquen “sufrimiento o dolor intenso o agonía prolongada” o practiquen con ellos actos sexuales, entre otras conductas.
En 2017, un informe de Senasa estableció que el 75% de los criaderos de perros o gatos no contaba con permisos sanitarios ni el Certificado Veterinario de Operación (CVO). En números absolutos, de 119 sitios reportados, solo 30 tenían autorización.
Siete años pasaron desde entonces y las cosas no han cambiado. La Nación tomó una muestra de 12 sitios y solo tres tenían permiso para su actividad. El resto ofrece sus servicios en línea con precios de hasta ¢750.000 por un cachorro; en algunos casos los negocios cobran montos adicionales si el cliente quiere un documento que haga constar el pedigrí del animal.
De acuerdo, con una respuesta por escrito de Senasa, ninguno de esos 12 sitios tiene el Certificado de Operación Veterinaria (CVO) al día. Uno de los casos en la lista es Shar Pei Criadero, sobre el cual Senasa informó de que el CVO fue revocado.
Cristian Araya Leiva, dueño de ese establecimiento aseguró que sí cumple con ese requisito y se comprometió a enviarlo vía correo electrónico, pero al cierre de esta información no lo había enviado.
Sobre el Criadero Von Moritz, dedicado a la crianza y reproducción de pastores alemanes, Mauricio Martínez declaró que, según su criterio, no necesita el CVO porque tiene pocos animales y los reparte en casas de conocidos, “como si fueran mascotas”.
“Nosotros lo que hacemos, como somos criadero pequeño, no tenemos CVO. Lo que hago es que reparto las hembras (en casas), como si fueran mascotas; en una casa tengo dos, en mi casa tengo dos, en otra casa tengo una y en otra casa tengo una y que, durante el año, cada perra cría una camada”, comentó Martínez.
Lo dicho por Martínez no tiene sustento legal, pues la legislación sobre este tema no hace distinciones por la cantidad de perros.
Mariela Durán, representante del Criadero Rajmandu Boxer y Beagle Costa Rica, reconoció que no tiene CVO y argumentó que, según ella, no lo requiere. La mujer añadió que tiene “relativamente poco” con el criadero y que no saca camadas de cachorros desde diez meses atrás, pero en sus redes sociales ofrecen constantemente animales.
“En este momento lo que tenemos son ocho perros, no tenemos gran cantidad (...). Tampoco es que nos dedicamos a sacar y sacar. Más que criadero, nos dedicamos a competir en exposiciones”, comentó.
Además, admitió que no está registrada en el Ministerio de Hacienda para la venta de cachorros.
Semanas atrás, un equipo de periodistas de este diario, llamó a varios de los lugares mencionados y al consultar si tenía el CVO vigente, todos respondieron que sí, contrario a lo informado por Senasa.
De acuerdo con el artículo 57 de la Ley General de Senasa, todo lugar o establecimiento que se dedique a importar o vender animales debe contar con un CVO para demostrar que cumple con los requisitos sanitarios y legales para desarrollar esa actividad.
