El crecimiento de la economía española es «insano». Así lo advierte el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) en su informe de Perspectivas Económicas de Otoño. Y es que la expansión del PIB, que crece con mayor intensidad que la media de la UE, no se está traduciendo en un mayor bienestar para los ciudadanos.
Prueba de ello es la progresiva caída de la renta per cápita en España que, en 2023, según recogen los expertos que han elaborado el análisis, se situó en el 88,7% de la media europea, lo que evidencia que España «ha dejado de converger, quedando por debajo del 90%, volviendo a ser potencial receptor de los fondos de cohesión a los que optan los países más pobres». Este dato contrasta con el 92,5% de 2017, pero aún más con el de 2003, cuando la renta per cápita española logró superar el 100% de la media comunitaria.
El grupo de expertos, dirigido por José María Rotellar y, entre los que se encuentran, Gregorio Izquierdo, Fernando Merry del Val, Jaime García-Legaz, Javier Fernández-Lasquetty, Francisco Cabrillo y Pedro Schwartz, atribuye esta aparente resistencia económica a factores temporales, como la inflación y las revisiones estadísticas, que han mejorado el cociente de déficit y de deuda sobre el PIB, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Asimismo, alertan de que el crecimiento está fundamentado en el gasto público, que se expande gracias a una recaudación extraordinaria. Este crecimiento del gasto público está expulsando la inversión productiva privada, que es el elemento tractor que necesita toda economía para poder mantenerse por sí misma. Por su parte, el sector exterior, el otro gran soporte del crecimiento, está comenzando a dar síntomas de agotamiento, derivado de la desaceleración económica de nuestros principales socios comerciales y mercados emisores de turistas. «Todo esto implica que el crecimiento español, además de ser cortoplacista, se impulsa en gran parte por el crecimiento de la población, pero con una pérdida de prosperidad, como muestra la evolución del PIB per cápita, en poder de compra, donde España ha dejado de converger», recoge el informe.
El observatorio concluye que la actual política económica requiere ajustes estructurales para evitar la acumulación de desequilibrios que puedan comprometer la estabilidad a largo plazo. Entre las medidas a adoptar en 2025, destacan la contención del gasto público que permita un equilibrio presupuestario y la reducción de deuda pública en valores absolutos; la reducción del intervencionismo público, permitiendo que el mercado genere prosperidad mediante el aumento de la productividad y la competitividad; una rebaja de impuestos y cotizaciones que dinamicen la economía; una reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad; y la adopción de una política energética más diversificada y equilibrada que compagine el cuidado medioambiental con la prosperidad económica, dotando de seguridad jurídica al conjunto de la economía.
