Fue en 2013, hace ya más de una década, cuando el Ayuntamiento de Alicante, con Sonia Castedo como alcaldesa, supo de las intenciones de una empresa, XC Business 90, de instalar hasta 18 macrodepósitos de hidrocarburos en terreno portuario. La polémica, sin embargo, tardó en llegar. En esta ciudad nada es inmediato. No fue hasta cinco años después, a finales de 2018, ya con Luis Barcala al frente del Consistorio tras la salida precipitada del tripartito, cuando el proyecto empezó a movilizar a los vecinos de la zona sur y a los grupos del Ayuntamiento, avivando de inmediato un rechazo generalizado que no ha hecho más que intensificarse con el paso del tiempo. Ese frente común se fraguó con el inicio de la fase de alegaciones ante la exposición al público del proyecto en la Autoridad Portuaria.