Se hizo viral explicando en redes cómo luchar contra la covid y acabó demandando a su universidad por no ayudarla ante el aluvión de ataques que sufrió por ello: si la comunicación del conocimiento es parte del trabajo de los investigadores, las instituciones deben contar con herramientas adecuadas para protejerlos
Los científicos ya avisaron, que los dejen en paz
Quizá no te suene de nada el nombre de Siouxsie Wiles, pero es muy posible que influyera en tu vida hace ya casi cinco años. El trabajo de esta científica británica afincada en Nueva Zelanda fue importante para que entendiéramos qué hacer en los primeros días de la pandemia, cuando se dedicó a crear viñetas junto con el dibujante Toby Morris. Sus cómics, convertidos en GIFs animados que se publicaron en el medio The Spinoff, nos ayudaron a entender la idea de cómo aplanar la curva. Gracias a su licencia Creative Commons se difundieron en diversos idiomas, incluido el castellano (aquí la traducción que hicimos en la agencia SINC, donde yo trabajaba). Se viralizaron en redes sociales y mensajería instantánea —solo en tres días, en marzo de 2020, obtuvieron más de 10 millones de impactos en Twitter—. La entonces primera ministra Jacinda Ardern utilizó sus cómics para explicar a la ciudadanía las primeras medidas de confinamiento.
Así fue como esta microbióloga y comunicadora científica de pelo fucsia se convirtió en una celebridad durante la pandemia con sus intervenciones en televisiones, radios y periódicos de Nueva Zelanda. Y, al igual que otras investigadoras e investigadores de todo el mundo, sufrió acoso después de aparecer en prensa.
“Los abusos, el acoso y las amenazas comenzaron casi inmediatamente después de que empezara a conceder entrevistas a los medios de comunicación. Llevo casi dos años sufriéndolos casi a diario —escribía Wiles en The Guardian en 2022—. Se producen a través de mis correos electrónicos y teléfonos personales y de trabajo, así como en las redes sociales. Mi domicilio se ha publicado varias veces en sitios web y redes sociales de extrema derecha, junto con llamamientos para que me visiten. Unos conspiracionistas me acosaron mientras desayunaba en un hotel. Retransmitieron en directo el encuentro”. Su caso, escalofriante, guarda semejanzas con otros que hemos conocido y que se han reflejado en encuestas internacionales realizadas por las revistas Nature y Science. Sin embargo, su desenlace es diferente.
La primera diferencia es que, en 2023, Siouxsie Wiles fue a juicio laboral contra sus empleadores por no garantizar su seguridad en el trabajo. Según declaró, ella buscó apoyo en la Universidad de Auckland ante el acoso salvaje que estaba viviendo y la respuesta de la institución fue inadecuada.
En julio de 2024, un tribunal neozelandés dictaminó que su universidad había incumplido su obligación de proteger a la científica Wiles de los ataques que sufrió mientras proporcionaba información pública sobre la pandemia, y obligó a indemnizarla con 20.000 dólares neozelandeses
La segunda diferencia es que, en julio de 2024, un tribunal neozelandés dictaminó que la universidad había incumplido su obligación de proteger a Wiles mientras proporcionaba información pública sobre la pandemia, y obligó a indemnizarla con 20.000 dólares neozelandeses (unos 11.000 euros) por daños y perjuicios. El juicio —que ningún medio recogió en España— ha tenido una amplia repercusión internacional sobre el cambio que necesitan dar las instituciones productoras de conocimiento en la protección de su personal.
Agresiones como las que vivió ella, además de dañar a las personas que las sufren —les provocan inseguridad personal, problemas psicológicos y pérdida de productividad—, tienen consecuencias sobre la comunicación de la ciencia porque acaban disuadiendo a buena parte de las fuentes que los periodistas necesitamos para elaborar informaciones fiables.
En España, el 16,55 % de los científicos y científicas que han sufrido ataques relacionados con su exposición pública en los últimos cinco años han dejado de hablar con los medios. Este es, en mi opinión, uno de los datos más interesantes extraídos de un estudio pionero en nuestro país que hemos publicado hace unos días en el Science Media Centre junto con el grupo de investigación Gureiker de la Universidad del País Vasco.
Más datos: el 51,05 % de las personas a las que encuestamos admite haber vivido algún ataque tras comunicar sobre ciencia. Los más frecuentes son los insultos, la vía principal es X (antes Twitter) y los temas que más odio reciben son los relacionados con salud y cambio climático. Las mujeres son las más afectadas: el 56,86% de las científicas encuestadas sufrieron ataques frente al 46,21% de científicos.
El tipo de acoso que experimentan ellas y ellos es diferente. A ellos se les critica más sobre su integridad profesional, mientras que más de una de cada tres investigadoras recibe desprecios a su capacidad científica (da igual que sean expertas en un tema, les dicen “no sabes de lo que estás hablando”), con una diferencia porcentual de más de 10 puntos con respecto a los hombres.
“Este estudio es un punto de partida para poner encima de la mesa una problemática que las instituciones tendrían que analizar en su propio ámbito y tomar medidas”, subrayó Maider Eizmendi, directora científica del estudio, en una sesión informativa que organizamos. De manera sorprendente, la gran mayoría de las personas a las que encuestamos optó por no informar a sus instituciones ante estas experiencias, y eso es preocupante. A la vez, entre los testimonios que recogimos, los más frecuentes pedían a las instituciones formación sobre comunicación de la ciencia, mecanismos de protección y mayor implicación.
Los datos de nuestra encuesta se suman a una conversación global que preocupa a centros de investigación de todo el mundo. La sentencia de Wiles ha abierto debates cruciales en un momento en el que la desinformación se ha convertido en un problema de difícil control: ¿hasta qué punto la comunicación del conocimiento es una de las tareas del personal investigador? Si consideramos que es parte de su trabajo, entonces necesitamos que las instituciones cuenten con herramientas adecuadas para proteger a sus científicos y científicas ante los ataques.
