El sostenido aumento de la producción de oro, espoleado por el también progresivo incremento de su cotización, cada vez más impulsa a empresas y personas a intentar exportar metal aurífero de origen ilícito.
De acuerdo con los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), entidad encargada de la fiscalización de la comercialización de oro hacia el exterior, en el año 2022 la exportación definitiva de oro alcanzó un valor FOB (costo en el punto de embarque, descontando el flete y el seguro) de US$7.457 millones. En 2023, subió a US$8.503 millones, y entre enero y agosto de este año, ya llegó a los US$7.101 millones.
Es altamente probable que al concluir 2024, la cifra final supere lo consignado en 2022 y 2023, confirmando la tendencia hacia arriba.
Paralelamente, sin embargo, aprovechando el boom del oro, compañías y ciudadanos han pretendido exportar oro de procedencia ilícita.
Fuentes de la Sunat informaron a La República, que entre enero de 2020 y noviembre de este año, ejecutó 79 inmovilizaciones de barras de oro en la Aduana Aérea y Postal cuando los propietarios tenían todo listo para la exportación.
Las intervenciones aduaneras detectaron que los implicados pretendían exportar 1.201 kilogramos de oro en barras, por un valor de US$68.628.951 (US$68.6 millones). Ninguna de las empresas o sus representantes que se presentaron como propietarios del metal aurífero, acreditaron documentos que demostraban el origen lícito de las barras, precisaron las fuentes consultadas.
Por esta razón, el 94% del oro intervenido se encuentra bajo incautación por mandato judicial. El 6% restante del metal se encuentra en el ámbito de la Fiscalía de Extinción de Dominio hasta un juez resuelva el destino final del mismo, que es casi seguro que será idéntico al resto.
En todos los casos fueron simulaciones de exportación, porque se pretendía sacar del país barras de origen incierto, como si se tratara de procedencia legal, indicaron las fuentes de este periódico.
“La Sunat, en el marco de las acciones de control extraordinario, detecta indicadores de riesgos que podrían incurrir en una presunción de delitos aduaneros u otros delitos conexos al comercio exterior. Luego, esta información es derivada al Ministerio Público para las acciones de su competencia. Dichos indicadores de riesgos son eva luados mediante cruces de información, inspecciones, manifestaciones y otras actuaciones”, explicaron las fuentes.
Por ejemplo, como parte del procedimiento, los agentes aduaneros verifican la información que presentan los exportadores, como la procedencia del oro. Este proceso incluye establecer si los productores cuentan con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“Está establecido como requisito de mineros en proceso de formalización, que cuente con inscripción vigente en el Reinfo. Dicha validación se realiza a través de la consulta de acceso público, lo que permite conocer los datos del minero en proceso de formalización (RUC, apellidos y nombres o razón social), identificación del derecho minero (código único y nombre del derecho minero), ubicación geográfica del derecho minero (departamento, provincia y distrito) y estado del derecho minero (vigente o suspendido)”, informaron las fuentes.
“Adicionalmente, de manera periódica, la Dirección General de Formalización Minera remite a Sunat la relación de mineros en proceso de formalización. En este reporte se encuentran las coordenadas con la ubicación de estos derechos mineros y el tipo de actividad minera autorizada por esta entidad, que pueden ser de explotación o beneficio”, apuntaron. Pero así como ha crecido la producción de oro, también se ha disparado el número de mineros que se inscribieron en el Reinfo, y luego abandonaron el proceso de formalización.
Por esta razón, el Ministerio de Energía y Minas desaconsejó al Congreso la aprobación de la vigencia del Reinfo y propuso otro sistema denominado Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE). Los legisladores prefirieron lo más fácil, prolongar por medio año más el Reinfo con la opción de añadir otros seis meses.
A diciembre, de los 84.408 inscritos en el Reinfo, el 79% (66.443) se encuentran suspendidos. De este total, la mayoría se concentra en Arequipa (12.509), Ayacucho (6.551), La Libertad (4.713), Cusco (3.257) y Cajamarca (914), que son las principales regiones de mayor producción de oro en el país, conforme datos del Ministerio de Energía y Minas. Estos cinco departamentos suman 27.944 mineros suspendidos. El 42% del total.
No se descarta que parte del oro incautado proceda de mineros con el Reinfo suspendido, o de actividades de minería aurífera no autorizada o ilícita.
Este periódico preguntó por la identificación de las empresas intervenidas por intentar exportar oro ilícito, con la finalidad de hacer una trazabalidad del origen del metal aurífero decomisado.
Pero las fuentes señalaron que no era posible porque las compañías exportadoras y sus propietarios están protegidas por la reserva tributaria, por lo que de momento no es posible conocer quiénes son y de dónde son los propietarios del metal aurífero intervenido por la Sunat.
Producción de oro en 2024 supera a 2023
● De enero a septiembre de 2023 la producción de oro alcanzó las 72.08 toneladas métricas finas (TMF). En el mismo periodo de 2024, llegó a las 79.05 TMF. Es un claro indicativo de que al finalizar este año, la producción nacional del metal aurífero superará largamente el total de 2023, según las cifras del Ministerio de Energía y Minas.
● Entre enero y septiembre, 7 empresas acumulaban el 45.5% del total de la producción (Yanacocha, Poderosa, Boroo, Horizonte, Retamas, Ares, Shahuindo). Lo restante corresponde a 261 titulares mineros, según el Minem.
● La misma fuente indica que entre enero y septiembre de 2024, el 27,3% de las exportaciones de oro se destinaron a India, el 22,5% a Canadá, el 18,9% a Suiza, el 18,3% a Emiratos Árabes Unidos, el 5,4% a China y a otros países el 7,5%.
