La presidenta Dina Boluarte recurrió al tópico de la pena de muerte para atizar los ánimos cuando sus escándalos se agravan. Sin embargo, esta vez el Gobierno prevé dilatar la controversia con un proceso de audiencias e intentos de acuerdo, que se advierte como mascarada en busca de su sobrevivencia política.
En la noche del sábado 14, en edición extraordinaria de normas legales, el Ejevutivo la creación de una comisión sectorial para "elaborar un informe técnico que recoja las propuestas para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menor de edad". Este grupo recibó plazo de tres meses, que se podrán prorrogar, avanzando en el plan de Boluarte.
“Ratificamos nuestra propuesta para que se abra el debate sobre la pena de muerte contra los violadores de menores, una lacra que no debe tener ningún espacio en nuestra sociedad ni en las calles ni en las cárceles” insistió Boluarte el último jueves, dejando notar una postura favorable a esa sanción.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, había anunciado audiencias y no descartó que se denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, primer paso de un complejo proceso para salir de este tratado internacional que nos aporta su sistema de justicia interamericano.
“Vamos a convocar a los expertos, a las universidades, (a) la cámara de comercio, a los empresarios, a personas como ustedes de a pie, a todos (...). El mecanismo usual y regular puede implicar incluso que pueda hacerse una denuncia directamente por el Ejecutivo y que esta sea vista por el Congreso” adujo Arana en rueda de prensa.
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Populismo de dos cañones
Diversas voces cuestionan a Boluarte porque extender la pena de muerte a otros delitos más que traición a la patria en casos de guerra y terrorismo, como dice la Constitución, requiere dejar el Pacto de San José y su sistema de justicia internacional, que incluye Comisión (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos: los peruanos perderían su protección.
Asimismo, aparece como una manera de contentar a los sectores conservadores para que no le bajen el dedo en el Congreso y llegue al 2026, plazo que machaca con frecuencia como único final que considera.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, primera minoría del Legislativo, dijo: “Salir de la CIDH me parece importantísimo”, según el chat grupal de fujimoristas conocido el 2018.
La congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), hermana del jefe de los apepistas y gobernador de La Libertad, César Acuña, considerado aliado del Gobierno, presentó el viernes un proyecto de ley para que el Perú se retire del Pacto de San José, haciendo eco de Boluarte. APP es segunda fuerza del Congreso y alberga a su titular, Eduardo Salhuana.
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Rafael López Aliaga, jefe de Renovación Popular, cuarta fuerza parlamentaria, fue uno de los primeros en respaldar a la mandataria en esta iniciativa.
El abogado constitucionalista Pedro Grández, profesor de las universidades Católica del Perú (PUCP) y Mayor de San Marcos, refiere que esto refleja el nivel en que cae el Gobierno de Boluarte en alianza con grupos que lo sostienen. “Es una reacción populista y oportunista que muestra los riesgos de la crisis política que va escalando hacia medidas cada vez más autoritarias y sin mayor evidencia”.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que el proceso de retiro está regulado y requiere un año de preaviso. “Por tanto, tomaría al menos dos años. Además, no genera que la Corte Interamericana deje de juzgar los casos que han ingresado al sistema interamericano hasta el día de la denuncia. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la utilidad? Ninguna”, comenta.
La politóloga Omayra Peña, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indica que es una herramienta para intentar conectar con demandas de distintos sectores. “Sin embargo, la deslegitimación de Boluarte no tiene remedio, aunque su idea sea acogida. Plantear dejar el Pacto de San José pone al Perú en terrible posición y afirma al régimen como autoritario. Esto demuestra los tenues hilos de los que pende el Gobierno”, advierte.
“Es una afirmación del pacto de gobierno, un punto más en su agenda conservadora y autoritaria”, señala.
