La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó ayer la moción de destitución contra el presidente Yoon Suk-yeol, lo que resultó en su suspensión inmediata del cargo y brindó un respiro, aunque temporal, al agitado clima político que rodea a la cuarta economía de Asia. Cientos de miles de manifestantes se congregaron frente al Congreso, estallando en vítores tras la decisión histórica.
Este desenlace se produce en un contexto de creciente descontento, alimentado por la desafiante ruptura de disciplina de al menos once miembros del partido gobernante, el Partido del Poder Popular, lo que aumentó significativamente las posibilidades de éxito de la peticion. A pesar de la resistencia inicial de algunos sectores dentro del partido, los legisladores decidieron participar en la votación, evitando un boicot que podría haber puesto en riesgo su posición. El resultado fue contundente: 204 votos a favor, 85 en contra, tres abstenciones y ocho votos nulos. Con este desenlace, el primer ministro Han Duck-soo asumirá la presidencia interina, marcando un momento decisivo en la crisis que sacude al país.
Apenas se selló su destino tras el fallido intento de instaurar la ley marcial, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/internacional/parlamento-surcoreano-destituye-presidente-yoon-sukyeol_20241214675d3f492c0dde00012ec882.html|||Yoon juró lealtad a su país «hasta el final»]]. En un discurso grabado desde su residencia, articuló esta promesa en un momento de creciente confusión tras su suspensión de funciones. También instó a los funcionarios públicos a mantener su firmeza en el cumplimiento de sus deberes bajo la nueva dirección. Además, hizo un llamado a la clase política para que evite la «política imprudente y de confrontación», instando a todos a colaborar en la construcción de una cultura política más constructiva.
Acorralado y sin alternativas, el dirigente no sobrevivió a la segunda votación que determinó su expulsión. La voz inquebrantable del pueblo resonó con claridad: la defensa de la democracia es innegociable. En Seúl, decenas de miles se movilizaron, manifestando tanto apoyo como oposición hacia el exmandatario. Desde la tribuna, Park Chan-dae, líder del Partido Demócrata, calificó la reciente declaración del efímero estado de emergencia como una «clara violación de la Constitución y un grave incumplimiento de la ley».
A pesar de todo, el exfiscal de 63 años, actualmente bajo investigación por «rebelión» y con restricciones de viaje, ha sido destituido de su cargo hasta que el Tribunal Constitucional confirme su remoción. Durante este lapso, el primer ministro asumirá la presidencia interina. El tribunal tiene un máximo de 180 días para emitir su veredicto, aunque solo seis de los nueve jueces están actualmente en funciones, ya que tres se jubilaron en octubre y aún no han sido reemplazados debido a un estancamiento político. Si deciden destituir a Yoon o si este se ve obligado a renunciar, se convocarán elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Este episodio marca la tercera vez en la historia constitucional de Corea del Sur que se cesa a un presidente en funciones, siguiendo los casos de Roh Moo-hyun en 2004 y la ex presidenta Park Geun-hye en 2016.
A medida que avanza la investigación, las autoridades policiales intensifican su cerco en torno al exjefe de Estado y sus colaboradores. El viernes, la fiscalía informó sobre la aprehensión del comandante del mando militar de Seúl, mientras que el tribunal del distrito central de la capital emitió órdenes de arresto para el director de la policía nacional y el jefe de la policía metropolitana, alegando un “riesgo de destrucción de pruebas”. El exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien es considerado el principal responsable de instar al presidente a declarar la ley marcial, fue el primero en ser detenido hace una semana. Dos días después, intentó quitarse la vida.
Asia Oriental vive el casi colapso de una de sus democracias más célebres. Precisamente, Yoon anunció la noche del 3 de diciembre que había reunido fuerzas militares para resolver un mero estancamiento presupuestario y una huelga de profesionales médicos. Declaró una amplia forma de ley marcial por la necesidad de «aplastar a las fuerzas antiestatales que estaban causando estragos», y que incluía el cierre de los partidos políticos, el parlamento y los medios de comunicación. El alboroto terminó seis horas después con la votación de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, para levantar el estado de sitio. Los legisladores lograron abrirse paso con la ayuda de los ciudadanos.
