El Congreso de la República aprobó la prórroga para la formalización del servicio de transporte colectivo, extendiendo por cuatro años adicionales la vigencia de la Ley N° 31096. Esta norma, que estaba próxima a vencer en diciembre, especifica los alcances de la Ley N° 28972, que regula la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.
Con esta medida, cuya implementación estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o de la autoridad correspondiente, se busca garantizar la continuidad del proceso de formalización bajo las mismas condiciones vigentes.
Marleny Portero, presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, destacó que el propósito de esta iniciativa es reducir el caos vehicular, evitar la saturación de unidades, organizar el sistema y erradicar la competencia desleal ocasionada por los colectivos en áreas donde ya opera el transporte público regulado.
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Adicionalmente, la normativa estipula que el MTC, junto con la Sutran, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y los gobiernos regionales y municipales, deben presentar informes cada seis meses a la Comisión de Transportes del Congreso. Estos reportes deberán detallar los progresos y resultados del proceso de formalización del transporte colectivo en todo el país. Asimismo, se precisa que las circunscripciones de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao quedan excluidas de esta medida.
El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, expresó su oposición a la ley que busca formalizar el transporte colectivo, advirtiendo que esta medida fomentaría una mayor informalidad. "Va a generar más informalidad porque el auto colectivo existe debido a la falta de un eficiente servicio de transporte en buses, convirtiéndose en una alternativa ante las deficiencias del sistema actual", declaró a La República.
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Además, señaló que estos vehículos contribuyen significativamente a la congestión vehicular, aumentando los tiempos de viaje, especialmente en horas punta, lo que afecta gravemente a la capital. "No solo generan congestión, también representan una competencia desleal, y la inseguridad es una constante en ese servicio", afirmó.
Quispe destacó que el principal desafío para mejorar el transporte en Lima es la implementación de un sistema integrado que involucre tanto al sector público como al privado. Según indicó, "se necesitan 14.000 buses en Lima para implementar un sistema integrado". Asimismo, subrayó la importancia de un programa de chatarreo para retirar vehículos en estado obsoleto. "En Lima deberían retirarse las 24.000 combis y cústers, salvo aquellas con menos de cinco años de antigüedad", agregó.
Asimismo, destacó la importancia de implementar un sistema de señalización inteligente basado en fibra óptica para optimizar el tránsito vehicular en la capital. Finalmente, instó a las autoridades a adoptar medidas urgentes y criticó la reciente propuesta del Congreso de declarar en emergencia el transporte público en Lima y Callao. "Es un acto declarativo, no resolverá nada si no se toman medidas concretas. Al igual que en seguridad ciudadana, no se ha hecho nada efectivo. (...) El Congreso ha emitido 12 recomendaciones al Ejecutivo, y aunque son interesantes, todo dependerá de la capacidad del Ejecutivo para ejecutarlas", señaló.
El debate sobre la formalización de los vehículos colectivos sigue generando controversia. En marzo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) manifestó su rechazo al proyecto de ley que busca regularizar este tipo de transporte, argumentando que generaría caos, inseguridad para los usuarios y un incremento del tráfico vehicular.
"Rechazamos de forma tajante cualquier iniciativa que busque formalizar los autos colectivos en Lima y Callao porque va contra la política nacional de transporte que fomenta la macromovilidad, es decir, el uso de buses 9, 12 y 18 metros", dijo José Aguilar Reátegui, presidente ejecutivo de la entidad a Andina.
Aguilar también alertó que la legalización de los autos colectivos podría agravar la inseguridad en las vías. Según datos de la entidad, en lo que va del año, se han realizado más de 16.000 operativos en Lima y Callao, interviniendo más de 40.000 vehículos ilegales. La ATU ha reiterado su compromiso de no dar marcha atrás en la lucha contra la informalidad en el transporte.
