El control de mercancías en las aduanas del país sufrió un debilitamiento entre 2019 y 2023, luego de que la inspección de mercancías se redujo de 7,8% a 4,7% en ese periodo, ante un aumento en la cantidad de declaraciones únicas aduaneras (DUA) tramitadas y una reducción en la cantidad de personal encargado de hacer la revisión de las mercancías.
Esas son las conclusiones de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) basado en datos del sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) y aplicado a los siete principales puestos aduaneros. El reporte destaca que la reducción de las revisiones físicas y documentales, sumada a la disminución de personal aforador y los extensos tiempos de espera para el levante de mercancías debilitan la capacidad de Aduanas para prevenir los riesgos de corrupción y asegurar la transparencia en el comercio exterior.
La Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda atribuyó la disminución de los controles de revisión e inspección de mercancías importadas, exportadas o en tránsito entre 2019 y 2023 a la pandemia de covid-19, la crisis de los contenedores del 2021 y el ciberataque al sistema TICA en 2022.
En los últimos cinco años, las DUA del régimen de importación crecieron un 15,6%, pasando de 662.100 en 2019 a 765.200 en 2023. Sin embargo, las inspecciones disminuyeron, con una reducción de 15.800 documentos revisados, al pasar de 51.800 a 36.000 en el mismo periodo.
Individualmente, la mayoría de las aduanas redujeron sus niveles de revisión. En la Aduana Central, las inspecciones bajaron un 64%, seguida por La Anexión (-59%), Caldera (-49%), Santamaría (-27%), Limón (-14%) y Peñas Blancas (-1%). Solo Paso Canoas presentó un incremento del 23%. De las 3.350.889 DUA de importación tramitadas entre 2019 y 2023, solo el 0,7% (23.203) se sometieron a revisión documental y el 3,9% (130.066) a inspección física.
En cuanto al régimen de exportación, las DUA procesadas crecieron un 18%, de 327.334 en 2019 a 387.506 en 2023, lo que representa 60.172 documentos adicionales. No obstante, solo el 0,6% (10.206) fueron seleccionadas para inspección, con hallazgos en 126 casos. La CGR advirtió que estas cifras evidencian un debilitamiento general de los controles.
Aduanas defendió que los niveles de selectividad o niveles de inspección pueden variar de un periodo a otro por muchos factores, tales como la teoría de probabilidades que se utiliza como parte de la metodología de gestión de riesgos, cambios en el entorno nacional e internacional y cambios en la dinámica del comercio. En ese sentido, la entidad señaló que hay que tomar en cuenta que los riesgos son dinámicos y por esa razón los niveles de inspección o selectividad se deben adecuar al comportamiento de esos riesgos.
La Contraloría también reportó una disminución de los aforadores. En el régimen de importación, el número de funcionarios se redujo un 20%, pasando de 110 en 2019 a 88 en 2023. Solo la aduana de Peñas Blancas aumentó su personal, mientras que las aduanas Central y Caldera experimentaron caídas significativas del 55% y 40%, respectivamente.
En el régimen de exportación, la reducción del personal fue del 39%, al pasar de 75 a 46 funcionarios. En Santamaría, la cifra se redujo de 24 a 15; en Limón, de 15 a seis; y en Caldera, de nueve a cinco. La CGR destacó que esta reducción de personal y la distribución desigual de las cargas de trabajo afecta la capacidad de la DGA para aplicar controles eficaces.
Ante la disminución del personal y la creciente demanda de ese servicio, la CGR señaló que es necesario establecer controles que no impliquen demoras, sino promover la facilitación del comercio apoyado en tecnología que facilite el ejercicio del control aduanero.
El ente también destacó que debe existir una distribución del personal propicia para atender los diferentes riesgos aduaneros y asegurar la prestación de servicios.
Los tiempos promedio para despachar mercancías también excedieron los plazos establecidos por ley en los últimos cinco años. En el régimen de exportación, aduanas como Caldera y Limón superaron las 300 horas en el proceso definitivo. En el régimen de importaciones, aunque las demoras se mantuvieron por debajo de las 30 horas, Caldera sobrepasó el plazo establecido legalmente. El plazo máximo legal para autorizar el levante de mercancías es de 24 horas.
El ente contralor también detectó alrededor de 19.500 documentos aduaneros que fueron seleccionados para aforo y se les autorizó su levante en horas fuera del horario laboral de las aduanas.
Según la Contraloría, el tiempo excesivo afecta la facilitación del comercio y genera riesgos como pérdidas económicas y una menor confianza en la gestión aduanera. Adicionalmente, las autorizaciones fuera del horario regular, y la discrecionalidad del funcionario para otorgarlas “pueden propiciar un entorno vulnerable para la integridad pública y conducir a la materialización de riesgos de pagos de facilitación”.
La DGA afirmó que trabaja en medidas para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de despacho, como la automatización de procesos, la simplificación de trámites y la promoción de la certificación de Operadores Económicos Autorizados (OEA), que otorga a empresas confiables procedimientos más ágiles.
