Veinte distritos de Costa Rica concentran la mayor cantidad de viviendas en precario. Ubicados principalmente en la región central, estas comunidades son las menos beneficiadas por los proyectos de vivienda social. En la última década, recibieron solo un 5,8% del total de bonos de vivienda.
Esta veintena de comunidades albergan una población de 102.000 personas en asentamientos precaristas (el 56% de las personas que viven en esta condición).
En Río Azul, distrito del cantón de La Unión, Cartago, más del 68% de su población vive en asentamientos informales. Lo mismo ocurre con los habitantes de Tirrases, Curridabat, en San José, donde seis de cada 10 personas habitan en precarios.
A pesar de encabezar la lista de distritos con mayor necesidad de subsidios para abordar el problema de los asentamientos informales, no figuran entre los más beneficiados con bonos de vivienda familiar. Entre 2014 y 2023, apenas se asignaron 36 bonos de vivienda a hogares de Río Azul y 18 al distrito de Tirrases.
En la Uruca, donde 19.000 personas habitan informalmente, los gobiernos de turno solo entregaron 69 bonos durante la última década.
Esta situación es un reflejo de la “negligencia” y falta de estrategias estatales enfocadas en erradicar y reubicar a las 183.000 personas que al 2024 siguen viviendo en asentamientos informales. Estos hallazgos son parte del estudio Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2023, elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y la fundación Gestionando Hábitat ORG.
En Costa Rica existen 576 asentamientos informales identificados y son habitados por 64.128 hogares. Algunos de estos lugares se crearon desde hace 60 años, pero a la fecha siguen sin erradicarse y, por el contrario, se han extendido a lo largo del territorio nacional debido a la inacción estatal.
A nivel cantonal, el medio millar de asentamientos informales del país se distribuye en 61 cantones. De estos, destacan 20 que concentran el 80% de la población en condición de precario y el 79% de las viviendas informales. Además, en estos cantones se ubican gran parte de los distritos con mayor cantidad de tugurios.
“Los asentamientos informales y la mayor cantidad de población y viviendas en estos se concentran en pocos cantones y pocos distritos, lo que demanda esfuerzos coordinados y estratégicos entre los gobiernos locales y las instituciones nacionales para lograr una atención más integral de esta importante problemática”, indica la investigación.
La persistencia del problema se evidencia en que 273 asentamientos informales, equivalentes al 47% de los precarios, albergan menos de 50 hogares cada uno. Aunque estos asentamientos representan solo el 10% de la población precarista, las instituciones han sido incapaces de desarrollar una estrategia para erradicarlos.
“Estas deberían ser situaciones relativamente fáciles de solucionar; no son grupos tan grandes, por lo que no requieren de gran extensión de terrenos, sobre todo si se brindan soluciones de vivienda en vertical, que hagan un mejor uso y aprovechamiento del cada vez más escaso e inasequible suelo urbano”, indica el documento.
El mayor reto se centra en 86 precarios que acumulan más de 200 familias. Estos sitios representan solo 15% del total de asentamientos informales, pero su población, de 101.000 personas, equivale al 55% de la población habitante de tugurios. La reubicación de este grupo requiere de más terreno, más recursos, más organización y otros apoyos multi intersectoriales.
Por otra parte, cuando se han articulado estrategias para reubicar los habitantes, los precarios vuelven a ser tomados por terceros necesitados de vivienda, repoblándose instantáneamente.
“En la mayor parte de los proyectos de erradicación y reubicación de precarios, los terrenos y las edificaciones (comúnmente llamados “ranchos”) son tomados por nuevos ocupantes, de manera que, a pesar de que se atiende a un grupo de familias, los terrenos y sus edificaciones siguen existiendo y funcionando igual. Esto significa que el asentamiento no llega a desaparecer, lo cual es en gran medida responsabilidad de los gobiernos locales, así como de las instituciones propietarias u otros dueños o responsables de los terrenos ocupados”, asegura en análisis.
A lo largo de más de un siglo, se han implementado diversas iniciativas para abordar la situación, pero la falta de vigilancia de las instituciones y de los gobiernos locales, ha condenado a miles de familias a seguir viviendo en estas zonas.
Entre las instituciones creadas para otorgar subsidios a familias de bajos ingresos y combatir los precarios, el estudio destaca al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), fundado en 1954, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), así como a la Ley 7052, que dio origen al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) y al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).
“Este breve recuento de algunas iniciativas tendientes a la atención del problema del déficit habitacional, especialmente de las familias de más bajos ingresos, se hace con la finalidad de evidenciar la preocupación, pero también la incapacidad que ha tenido el país para superar un problema fundamental de la calidad de vida de la población”, indica el informe.
Asimismo, afirma que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), ente rector de la materia, no cuenta aún con un marco legal sólido que consolide su rectoría, ya que sigue siendo un ministerio sin ley orgánica y sin cartera, que se “crea” año a año mediante Ley de Presupuesto Nacional.
Según indicó el INVU a este medio, el problema de los asentamientos informales es un fenómeno complejo y multifactorial, en el que confluyen diversas problemáticas sociales más allá de la inversión estatal. Entre los factores señalados se encuentran las dinámicas migratorias, la tenencia irregular de tierras y los altos niveles de endeudamiento e informalidad laboral.
De acuerdo con el Instituto, pese a los esfuerzos estatales por erradicar los asentamientos, las responsabilidades son compartidas, especialmente en los procesos de reubicación tras desalojos, donde los propietarios de los terrenos tienen el deber de tomar medidas para evitar nuevas ocupaciones.
