Pese al rechazo del Ministerio de Economía y los principales gremios agrarios del país, el Congreso de la República insiste en resucitar la denominada Ley Chlimper que fue promulgada durante la dictadura de Alberto Fujimori. Y es que Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y otras bancadas lograron la inclusión de esta propuesta en la agenda del Pleno, con el objetivo de otorgarles una serie de beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras como la reducción del Impuesto a la Renta de 29,5% al 15%, el cual se aplicará durante un periodo de diez años, de 2025 a 2035.
Además del alto costo fiscal de hasta S/20.000 millones que tendría esta medida, el MEF advirtió que solo un grupo reducido de poco más de 500 compañías se verían favorecidas. En esa línea, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, cuestionó que se estén utilizando recursos públicos para “subsidiarle la rentabilidad a empresas que no lo requieren”. Al 2023, las utilidades de las agroexportadoras de mayor tamaño se incrementaron en un 74% respecto al año anterior.
PUEDES VER: Conveagro pide al Pleno rechazar Ley Chlimper 2.0: "pone en grave riesgo a la agricultura familiar"
Según el informe del MEF al que accedió La República, grandes empresas agroexportadoras como Camposol, Cerro Prieto, Danper y otras más, ya vienen gozando de los beneficios de la Ley N.° 31110, aprobada en el 2020. Actualmente, estas concentran el 92% de los ingresos del sector agroexportador.
“A la fecha, las empresas argroexportadoras ya reciben beneficios tributarios por más de S/5.200 millones. Si sumamos este monto con los S/2.000 millones, el costo fiscal es de S/7.200 millones al año”, explicó Fernando Cuadros. Pero, al Parlamento parece importarle poco las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el MEF y el propio BCRP.
Durante la presentación de la Política Monetaria del Banco Central de Reserva, Adrián Armas, gerente Central de Estudios Económicos de la entidad, señaló que “todo tipo de medidas en una coyuntura como la que tenemos, que reduzcan la presión tributaria, van en contra del objetivo de lograr una consolidación fiscal”.
Recordemos que el Perú incumplirá por segundo año consecutivo la meta del déficit fiscal fijada por el MEF en 2,8% del PBI. Según el BCRP, este indicador pasó de un nivel de 4,1% a 3,9% en octubre. Para Fernando Cuadros, este tipo de beneficios tributarios va a empeorar el manejo de la política fiscal del país.
“Estamos en un contexto en que la presión tributaria está en 14%, menos de la mitad que los países OCDE. Si seguimos con estos regalitos tributarios vamos a continuar perjudicando las finanzas públicas y a la larga, eso va a generar endeudamiento público y una precarización del manejo fiscal“, indicó.
En sintonía con esta opinión, desde la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) refirieron que la renovada versión de la Ley Chlimper 2.0 “crea un privilegio rentista que agrava desigualdades, debilita la confianza en la pérdida tributaria y ponen en riesgo la recaudación”. Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustriales y Afines emitió un pronunciamiento en el que expresaron su rechazo a esta norma y anunciaron que defenderán sus derechos en las calles.
Hasta el cierre de esta nota, la nueva ley agraria no fue abordada en el Pleno del Congreso, cuya legislatura finaliza este 15 de diciembre.
