La actuación del Congreso ayer es de antología. Con una legitimidad por debajo del margen de error estadístico, deciden sin pudor alguno avanzar en su cacería de brujas. Con la conciencia que se requiere para la identificación de una acción dolosa, es decir, la premeditación y conocimiento del efecto dañino de dicha acción, decidieron inhabilitar por 10 años al doctor Víctor Zamora, exministro de Salud durante 4 meses de los 24 meses que duró la pandemia por el COVID-19.
Lo que se ha hecho no tiene nada de justicia, pues, como detallaré a continuación, Zamora desmontó cada una de las imputaciones. Pero, en caso de quedar dudas, podía avanzarse una acusación que fuera derivada a la fiscalía, lo que finalmente permite que sea en el ámbito de la administración de justicia donde se determine si amerita una sanción o no. Lo que decidió el parlamento, por 68 votos, es que se sancione al exministro sí o sí, basándose en argumentos falaces. Acá no hay racionalidad, hay soberbia fundamentalista.
Cuando el parlamento realiza una investigación que tiene elementos probatorios irrefutables, por ejemplo, un video que pruebe un acto de corrupción o un pago de coima, se aplica una especie de sanción preventiva: se dicta una inhabilitación. Pero estamos muy lejos de una situación así. Lo que hemos presenciado es una acción autoritaria, un uso de poder bajo una lógica perversa, basada en el prejuicio y la intolerancia. Zamora es para ellos, usando la jerga de los padres de la patria, un caviar. No cualquier caviar, uno que tiene capacidad de acción pública, por tanto, un potencial adversario.
El exministro sancionado no es un improvisado. Lleva más de 3 décadas dedicado a la salud pública. Primero como médico intensivista en un hospital público, pero luego como funcionario del Ministerio de Salud en oficinas descentralizadas, como en San Martín y en la sede nacional. Por su conocimiento sobre las posibilidades y los límites de la salud pública fue parte de la Organización Mundial de la Salud y trabajó revisando políticas públicas en más de 10 países de América Latina. Decidió, después de que ya había sido declarada la cuarentena en el país y quedaba claro que el MINSA no tenía capacidad de reacción, aceptar el encargo de reemplazar a la primera ministra que gestionó la pandemia. Como se dice popularmente, aceptó la papa caliente que nadie quería coger.
Este profesional, especializado en la salud pública, no podrá ejercer ningún cargo en el Estado peruano por 10 años. El Congreso, con su dogmatismo excluyente frente a cualquier reflexión diferente a la del pacto autoritario, priva al país de un profesional valioso para el servicio público en salud que, como sabemos, no nos sobran.
La sinrazón puesta en evidencia Si hacemos una síntesis, los argumentos centrales para la acusación a Zamora fueron: la falta de oxígeno, la adquisición y el posterior uso de pruebas rápidas. Veamos cada uno de los argumentos.
Sobre el oxígeno, Zamora ha demostrado que la norma que exigía una pureza de 99% se dio años antes de que él fuera ministro y que, por el contrario, en su gestión se usó la cláusula de emergencia que permitía el uso al 93% y luego, también en su gestión, esa norma se derogó.
Sobre la compra de pruebas rápidas, Zamora también demostró que el proceso se inició con su antecesora, no con él. Entonces, la acusación del Congreso viró de acusarlo por comprar a acusarlo de omisión por no impedir que se compraran. Ya saben, algún argumento tenía que levantar. Pero acá otra vez la respuesta es contundente: el proceso estaba ya en manos de PeruCompras, adscrito al MEF, no al MINSA. Es decir, no estaba ya bajo el mando directo de Zamora.
Ya casi como manotazo de ahogado, el argumento final es: “pero sí usó las pruebas rápidas”. Acá hay dos argumentos sólidos de Zamora. El primero es que, en el momento en que estaba él a cargo del ministerio, el número de pruebas moleculares era muy reducido y sólo había un laboratorio para procesarlas. Lo que él hizo fue empujar la implementación de otros laboratorios más para asegurar que se pudieran usar más pruebas moleculares. Y lo segundo es que ¡tres ministros más después de él usaron las pruebas rápidas! Ninguno de esos ministros está inhabilitado. Sólo Zamora.
Lo que yo sí recuerdo, y que debe estar en la memoria de mucha gente en el país, es que fue Zamora el ministro que exigió que las clínicas privadas y aseguradoras dejaran de lucrar con el COVID. Recordemos casos de personas que vendieron sus casas para ser atendidas en clínicas privadas y terminaban con deudas de cientos de miles de soles, pues sus seguros no querían cubrir los gastos, deudas que pasaban a sus familiares si fallecían. Esto se paró. Toda cama UCI disponible, pública o privada, pasó a un sistema unificado y bajo una tarifa única.
Los defensores del lucro como modelo de organización de la sociedad, y en este caso de la salud, no se lo van a perdonar.
En este contexto sólo queda recordar al poeta Brecht cuando denunció la pasividad de la sociedad ante los atropellos de los secuaces de Hitler:
Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.
Los siguientes en la mira son Salvador del Solar, Mirtha Vásquez y Pedro Francke. Seguirán otros mientras la sociedad lo permita.
