Ha cumplido casi dos años la orden de detención contra siete dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho. Ellos fueron encarcelados bajo la acusación de terrorismo, culpándolos de las protestas sociales ocurridas hace dos años y en las que perdieron la vida un igual número de jóvenes ayacuchanos.
Ante la falta de pruebas en su contra han sido liberados ya todos los acusados porque no existe vínculo entre lo ocurrido en las plazas públicas ayacuchanas y las cercanías del aeropuerto, con el Frente de Defensa.
Ha quedado suficientemente probado que las muertes ocurridas el 15 de diciembre del 2022 fueron producto de excesos militares en el uso de la fuerza pública. Los caídos fueron víctimas de las balas militares, dirigidas a zonas mortales como cabeza y espalda.
Tal como ocurrió en Andahuaylas, Cusco, Puno, la violencia de los operativos militares y policiales fue desmedida. No existe una sola víctima que no presente heridas de balas de procedencia militar.
Incluso la Fiscalía ya tiene una relación de militares que participaron en los operativos en cada ciudad del sur del país. Hay órdenes de captura y medidas preventivas dictadas para militares y policías que no se han cumplido aún por la resistencia de los encausados.
¿Cuál fue el argumento para mantener por tanto tiempo en la cárcel a los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Ayacucho? Ya se ha demostrado que no tuvieron mayor participación y que las detenciones fueron una venganza por las protestas contra Dina, que en Ayacucho adquieren mayor intensidad.
La justicia debe llegar no solo ubicando a los responsables directos e indirectos de los sangrientos sucesos al inicio del Gobierno de Dina Boluarte y sancionándolos. La libertad y el resarcimiento público para los injustamente acusados por las protestas sociales en varios puntos del país debe ser una consigna de la hora actual.
