Diez integrantes de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, entre ellos tres policías en actividad, que enfrentaban cargos por homicidio, extorsión y tenencia ilegal de armas, fueron liberados el jueves gracias a la ley n.° 32181, que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia. Ellos son los primeros en acogerse a la nueva norma, la cual, según especialistas, debilita la lucha contra el crimen organizado y representa una amenaza para los operadores del sistema de justicia.
‘Las Hienas Verdes’ enfrentaban detención preliminar de 15 días. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de Apelación de la Corte de Huaura revocó esta medida, argumentando que lo hacía en cumplimiento de la Ley n.° 32181 dada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
Ante este panorama, el Ministerio Público expresó su rechazo a la liberación de diez presuntos integrantes de la organización criminal. También denunció que esta medida fue informada durante la audiencia de apelación solicitada por la defensa de los detenidos, sin que existiera un análisis de fondo sobre los fundamentos de la resolución impugnada.
Además, El presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Huara, Víctor Mosqueira Neira, dijo este viernes que dispuso la libertad de los detenidos al aplicar la Ley 32181, la cual reforma el Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia.
“Debe precisar que la liberación de los investigados se da exclusivamente en cumplimiento de la citada ley y que, por referirse a la libertad de los imputados, no podía dejar de ser materia de pronunciamiento por parte de la Sala”, se lee en un comunicado.
De acuerdo con la acusación fiscal, la organización criminal operaba principalmente en la provincia de Barranca, donde extorsionaba a empresarios, comerciantes y empresas de transporte público. Lo más grave es que esta red delictiva estaba integrada por siete efectivos de la Policía involucrados en extorsiones, encubrimientos de homicidios y otros delitos graves.
El cabecilla de esta red sería el suboficial PNP Javier La Rosa Buendía, de la Unidad de Inteligencia de Investigación Criminal de Barranca, quien habría establecido vínculos con criminales desde 2022 para extorsionar a transportistas.
La banda estaba siendo investigada también por el atentado contra el alcalde de Barranca, Luis Emilio, en abril de 2023, además del asesinato de la regidora Flor Sandoval Villaverde y del administrador de una financiera local.
En este contexto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó a La República que esta norma deroga y deja sin efecto el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención preliminar. En otras palabras, ahora las únicas posibilidades para detener a una persona es mediante prisión preventiva o que haya sido sorprendida en flagrancia.
“Es un retroceso significativo respecto a la lucha contra el crimen organizado y debilita a los operadores del sistema de justicia. Para solicitar prisión preventiva es un proceso largo y tedioso que demora casi seis meses y en este tiempo los criminales pueden hacer de todo”.
Asimismo, María del Rosario Lozada Sotomayor, titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, también expresó su preocupación por esta norma, advirtiendo que podría perjudicar especialmente a las víctimas de agresión sexual.
Señaló que, en lo que va del año, se han reportado 1,099 casos de violación sexual y 988 casos de tocamientos indebidos en Arequipa. Sin embargo, solo un promedio de 100 acusados cumplen prisión preventiva, mientras que la mayoría quedaría en libertad debido a que no fueron detenidos en flagrancia, es decir, dentro de las 48 horas posteriores al delito.
“Vemos con preocupación la reciente modificación. La detención preliminar es fundamental en la lucha contra los delitos penales. Solicitamos al Congreso que revise y restablezca figuras legales clave que no deben desaparecer", agregó.
