S&P Global Ratings ratificó la calificación crediticia de México en “BBB” con perspectiva estable al reflejar su expectativa de que una gestión macroeconómica cautelosa, incluyendo una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos, estabilizarán las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento del país durante los próximos dos años.
“Consideramos que las posibles disputas entre México y Estados Unidos sobre comercio, inmigración y otros asuntos se gestionarán de una manera pragmática que sustente la estabilidad económica y mantenga la profunda integración económica entre los dos países”, manifestó en una nota informativa.
La agencia calificadora insistió que una sólida posición externa respalda la calificación, ya que al preverse una gestión cautelosa se debería contener los déficits fiscales, manteniendo estable la carga de deuda combinada del soberano, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, añadió que las reformas constitucionales introducidas por el gobierno anterior, incluida la reorganización del sistema judicial y la reducción de la autonomía de varios organismos reguladores, han generado mucha controversia. “Las implicaciones a largo plazo de estos cambios no están claras, pero se corre el riesgo de debilitar la confianza de los inversionistas y potencialmente la transparencia y previsibilidad de las políticas gubernamentales”.
S&P también señaló que la creciente integración económica dentro de América del Norte, junto con una ejecución cautelosa de la política macroeconómica, proporciona una base para la resiliencia económica de México; aunque la tasa de crecimiento del PIB per cápita de largo plazo es baja, un factor negativo en su análisis.
Por ello, estimó un crecimiento de la economía de 1.6 por ciento en 2024 y una tasa similar en 2025 y posteriormente se sitúe en 2.0 por ciento, aunque las restricciones fiscales limitarán la capacidad del nuevo gobierno de ejecutar proyectos tan grandes, en ausencia de políticas que incentiven un mayor papel del sector privado.
Entre las acciones que podrían bajar la calificación, anotó S&P Global Ratings, está el no reducirse oportunamente el déficit fiscal recientemente alto, la deuda pública y que la carga de intereses podrían ser mayores que las esperadas; finanzas públicas más débiles, combinadas con el riesgo de respaldo extraordinario para Pemex y CFE.
“De manera similar, acontecimientos inesperados que debiliten la percepción de los inversionistas y la inversión, tales como retrocesos en la relación con Estados Unidos o consecuencias económicas negativas derivadas de los controvertidos cambios recientes al poder judicial, podrían socavar la estabilidad macroeconómica y conducir a una baja de la calificación”.
En cambio, podrían subir las calificaciones en los próximos dos años si una gestión política y económica efectiva, incluyendo la atracción de mayor inversión extranjera gracias al nearshoring, impulsa la inversión y aumenta la baja tasa de crecimiento del PIB per cápita de México.
De manera similar, la implementación de pasos para impulsar la flexibilidad presupuestaria, reconstruir los amortiguadores fiscales y ampliar la base tributaria no petrolera para mitigar los potenciales pasivos contingentes que representan las empresas estatales en el sector de energía, dijo.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifestó que la ratificación de la calificación soberana permitirá al país continuar con un acceso favorable a los mercados nacionales e internacionales. “La SHCP mantiene su compromiso de preservar la estabilidad financiera y sostenibilidad de la deuda pública”, indicó en un comunicado posterior.
